La forma en que los inversionistas perciban las políticas económicas que toma el próximo gobierno federal y el Congreso determinarán, en gran medida, el comportamiento de las variables financieras y sociales de los siguientes años y, en consecuencia, el bienestar de la población. Esto se debe a la importancia que la inversión privada tiene en el país, ya que representa el 85 por ciento de la total, mientras que la inversión que realiza el sector público es el restante 15 por ciento. Esta situación deriva de la reducción en los ingresos públicos, sobre todo los petroleros y del fuerte incremento en el gasto corriente del gobierno en apoyos sociales, pensiones y el servicio de la deuda. Así, la participación de la inversión pública se ha reducido en la economía de manera importante en las pasadas décadas ya que ahora se le da más importancia a los distintos programas de asistencia social.
Los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, analizan con gran cuidado y reaccionan a los nombramientos de los distintos funcionarios, al Presupuesto que se presentará al Congreso en fecha próxima, así como a las políticas y los programas propuestos del gobierno entrante. Por lo anterior, lo que haga o deje de realizar el sector privado tiene un mayor impacto en la economía en su conjunto que con anterioridad. Por ejemplo, si la inversión privada disminuyera en una cuarta parte debido a que los inversionistas no consideran conveniente las distintas acciones del nuevo gobierno, se reduciría el PIB en 4.5 puntos porcentuales respecto a su tendencia actual, o sea la economía nacional tendría una ¡contracción total de 2.5 por ciento en el año! Una caída de la producción nacional de esta magnitud pondría en riesgo los diversos objetivos de la siguiente administración y obligaría a cambiar sus prioridades y metas.
Esto recuerda lo que sucedió al inicio del gobierno del presidente Zedillo, quien enfrentó una grave crisis financiera al inicio de su administración y tuvo que dedicar cerca de la mitad de su sexenio a estabilizar la economía. Hoy todavía se recuerda ese momento como el "Error de diciembre" (lo cual es erróneo ya que la crisis fue resultado de la acumulación de diversos desequilibrios económicos y políticos, destacando el del tipo de cambio, conjuntamente con un escenario externo adverso).
Otro ejemplo, pero más exagerado, es lo que está sucediendo en la actualidad en Venezuela, en donde los inversionistas le han perdido la confianza al gobierno, lo que sumado a una pésima administración que ignora conceptos básicos de cómo funcionan los mercados, ha producido contracción económica y una hiperinflación, que se estima puede superar 1'000,000% (un millón por ciento) en este año. La caída en la inversión privada afecta en mayor medida a los sectores más necesitados, lo que explica la elevada emigración de su población hacia los países vecinos.
Los diversos inversionistas tienen dudas sobre las políticas económicas, financieras y sociales que seguirá el próximo gobierno en México. Mientras que por un lado se muestran preocupados de que se intente cumplir con la diversas promesas ofrecidas en la campaña electoral, dentro de la actual limitación de recursos, lo que elevaría el déficit fiscal o la escasez de contrapesos a la administración federal; por otro lado tranquiliza los nombramientos de funcionarios con amplia experiencia y conocimiento de los mercados, como Jesús Seade, Alfonso Romo y recientemente Jonathan Heath para el Banco de México, entre otros.
El tema del aeropuerto es especialmente preocupante, tanto por su magnitud, porque los trabajos ya se iniciaron y por la gran cantidad de inversionistas involucrados a través de la adquisición de bonos, por el riesgo de demandas legales que tardaran años en resolverse y por el pago de la obra ya contratada e incluso realizada de varios miles de millones de pesos que no se utilizará, así como por la participación de la OCDE en los procesos de licitación y por muchos otros temas más.
Sin embargo, hay un tema adicional que no se discute y que tal vez sea el más importante: Suspender el aeropuerto en Texcoco incrementa el riesgo para los diversos proyectos y concesiones que ya están operando, por la posibilidad de que también se revisen y puedan ser cancelados. Entre los mismos están cientos de proyectos mediante esquemas de asociación público-privada o APP. Además de una gran cantidad de concesiones que ha otorgado el gobierno en los años anteriores. Esto se reflejará en un aumento en las tasas de interés que deberán pagar, lo que hará inviables a varios de estos proyectos y dificultará la inversión en México.