Opinión

Base cero

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Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público (Cuartoscuro/Archivo)

Hace algunos días el secretario de Hacienda anunció que el próximo año será necesario un recorte de 3.3 por ciento al gasto público, es decir, unos 135 mil millones de pesos. En términos relativos, la magnitud del recorte no es catastrófica. Como punto de comparación, para enfrentar la crisis de 1995 el presidente Zedillo se vio obligado a reducir el gasto público en alrededor de 10 por ciento, además de aumentar el IVA de 10 a 15 por ciento. Sin embargo, el recorte anunciado para el próximo año tampoco será trivial; el monto es similar al presupuesto total asignado en 2015 a la Secretaría de Salud.

Muy probablemente la nota la dará el recorte a los excesos de la alta burocracia. Un acierto si se quiere empezar a limpiar la imagen de frivolidad y abuso que han cultivado varios funcionarios. Sin embargo, no bastará con economizar en helicópteros o giras al exterior. Para llenar el boquete de 135 mil millones serán necesarios otros sacrificios. El sector seguridad es un blanco natural del recorte. Lo anterior, no tanto porque el gasto total en seguridad sea excesivo, sino porque creció de forma acelerada durante el sexenio de Calderón, lo que propició considerables despilfarros.

Ya circulan algunas versiones de que en el sector seguridad la tijera afectará principalmente los subsidios que reciben estados y municipios (incluyendo aquellos destinados a la profesionalización de sus policías); y al sistema de readaptación social. Sin embargo, el secretario Videgaray también anunció que en 2016 tendremos un presupuesto “base cero”, lo que implica que los incrementos o recortes a los distintos programas o rubros de gasto no se harán tomando como punto de partida el monto asignado en el presupuesto previo.

En contraste se valorarán los beneficios que cada uno genera y, exclusivamente con base en dicha valoración, se les asignará un presupuesto. Si esta metodología se aplica en serio –lo que muchos ponen en duda por el alto costo político que supondría– podríamos esperar que algunos programas o rubros de gasto desaparecieran por completo. El presupuesto “base cero” también podría dar como resultado algunas sorpresas en relación con el gasto en seguridad. Por lo pronto hay tres componentes de dicho gasto que merecen examinarse por su magnitud.

En primer lugar, los montos previstos para las secretarías de Defensa y Marina. En el presupuesto 2015, sólo por concepto de servicios personales, a ambas dependencias les fueron asignados en conjunto 66 mil 500 millones de pesos. En esta partida se contemplan, en el caso de Sedena, más de tres mil elementos –entre generales, coroneles y tenientes coroneles– con percepciones brutas superiores al millón de pesos anuales. De igual forma, llama la atención la magnitud del presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas para la inversión en bienes inmuebles, por casi 10 mil millones de pesos en conjunto.

Un segundo componente son las transferencias que la Federación hace a los estados por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), al que en 2015 se asignaron más de ocho mil millones de pesos. El objetivo del FASP es apoyar un conjunto de “programas de prioridad nacional”, como el fortalecimiento de las capacidades para aplicar pruebas de control de confianza a los policías, o la implementación de estrategias de combate al secuestro.

Sin embargo, a pesar de que los recursos entregados son cuantiosos, los avances han sido inciertos en varios de los programas previstos. Por su parte, tanto la Auditoría Superior de la Federación como algunas organizaciones de la sociedad civil han señalado irregularidades graves en el ejercicio de los recursos del FASP. Por ejemplo, el dinero se gasta de forma apresurada al final de cada año, frecuentemente en proyectos que no corresponden con los objetivos previstos para el fondo.

En tercer lugar, destaca el sistema federal de readaptación social, al que se asignaron en 2015 poco más de 20 mil millones de pesos. Cabe señalar que una parte importante de estos recursos se ejercen por medio de la subcontratación de servicios a particulares (por ejemplo, empresas que se hacen responsables de la alimentación y limpieza en los penales). La subcontratación en principio puede favorecer la operación eficiente de los penales. Sin embargo, la opacidad y el bajo nivel de escrutinio público que caracteriza al sistema de readaptación social también podría propiciar abusos importantes en la asignación de estos contratos.

Este parece haber sido el caso en los años en los que el gobierno federal se embarcó en la expansión de la capacidad de los penales federales. Por ejemplo, el Cefereso de Guasave, que se concluyó en 2011 y tiene capacidad para 600 internos, implicó una erogación de 780 millones de pesos. Es decir, se gastó un millón 300 mil pesos por interno, una cifra que no parece creíble para una instalación penitenciaria.

Un recorte es un trago amargo para cualquier gobierno. Sin embargo, las crisis suelen ser el momento para tomar decisiones difíciles. Dejando de lado la racionalización del gasto en seguridad, el ajuste a las finanzas públicas también parece ser una excelente oportunidad para aplicar a fondo, ahora sí, la reforma educativa y dejar de pagar sueldo a los miles de maestros que no se aparecen en las aulas.

Twitter: @laloguerrero

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