Rodolfo Navarrete
Finalmente, a inicios de la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su propuesta de reforma energética, misma que pretende modificar dos artículos de la Constitución con el objeto de permitir la inversión privada en el sector. Si bien es una propuesta trascendental para el desarrollo del país, su aceptación y por tanto su capacidad de éxito van a depender al menos de dos factores, mismos que escapan al control del gobierno: uno, del grado de aceptabilidad del proyecto por parte de los inversionistas privados; y, dos, la fuerza que logre la oposición a este proyecto.
En términos generales, el proyecto de reforma energética abarca dos grandes temas: los mecanismos para la apertura de la industria a la participación de la iniciativa privada teniendo en cuenta que el objetivo del Estado mexicano, como principal propietario de los hidrocarburos, es maximizar la renta petrolera, y el cambio del régimen fiscal de Pemex.
La apertura del sector energético a la participación de la iniciativa privada se dará de acuerdo a diferentes modalidades dependiendo del tipo de sector del que se trate.
En el caso de la exploración y producción de hidrocarburos, ésta se dará mediante los denominados 'contratos de utilidad compartida', en los que el inversionista privado asume los riesgos del proyecto y tiene el derecho de participar en las utilidades. Se entiende que en el caso de un proyecto exitoso el gobierno mexicano o Pemex, se compromete a compensar los costos en que incurre el inversionista privado y a compartir con él las utilidades de acuerdo a un esquema preacordado, de tal forma que las reservas de petróleo y gas seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Tal esquema para compartir las utilidades será de carácter progresivo, pues la proporción correspondiente al gobierno irá aumentando en función de la rentabilidad del proyecto. A más rentabilidad, menor proporción compartida con el inversionista privado.
En el caso de la petroquímica, refinerías y transporte y almacenamiento de hidrocarburos la participación de la inversión privada se dará a través de permisos que otorgue el gobierno o Pemex y podrá ser hasta de 100 por ciento de la inversión.
En materia de energía eléctrica se permitirá la participación de particulares en la generación de electricidad mediante contratos, en los que el Estado mantendrá el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución.
Por lo que respecta al segundo gran tema que contiene la reforma energética, el cambio del régimen fiscal de Pemex, se pretende evitar tratar a dicha institución como una dependencia pública y más como una empresa, por lo que aparte de mantener los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital, estará sujeto a un esquema de regalías y derechos y deberá pagar el impuesto a la renta. Los beneficios que obtenga, como es de esperar, podrán reinvertirse o repartirse al dueño, que es el Estado mexicano. Se espera que este cambio se dé gradualmente.
A consecuencia de lo anterior, el gobierno mexicano tendrá que afrontar, también gradualmente, una disminución en los recursos que provenía de Pemex, mismos que tendrán que ser sustituidos por el aumento de impuestos, la disminución del gasto o el incremento de los precios y tarifas públicas.
Dentro de este planteamiento, son dos los puntos que han generado más inquietud. El primero, es el esquema de participación del sector privado a través del 'contrato de utilidad compartida', toda vez que al parecer los inversionistas esperaban uno menos sujeto a la intervención del gobierno, como el sistema de concesiones. En este esquema, aparte de que los inversionistas asumen todos los riesgos, estarán sujetos no sólo al pago de impuestos, sino también a la fiscalización de los costos y obviamente a la negociación de la proporción de las utilidades con que podrían quedarse. En tal sentido, los inversionistas se verán incentivados a participar siempre y cuando sea alta la proporción de las utilidades con que podrían quedarse y mientras menos control tengan sobre sus costos.
Por otro lado, como es natural, tal proporción de las utilidades variará de proyecto a proyecto, por lo que es probable que se tengan un sin número de esquemas que el gobierno tendría que estar controlando permanentemente, lo cual, como es de suponer, obligará a crear una burocracia.
Esto no es muy del agrado de los inversionistas privados, por lo que su participación dependerá de si les son favorables las condiciones de negociación. El segundo tiene que ver con la fuerza de la oposición al proyecto de reforma energética. Desde un principio la izquierda mexicana ha señalado que esta reforma es privatizadora, por lo que no están dispuestos a aceptarla y mucho menor a permitir el cambio de la Constitución. Políticamente, el gobierno ha intentado incluir todos los puntos de vista en su proyecto.
Un elemento que podría alimentar a la oposición, aparte de la visión nacionalista del petróleo, es el incremento de impuestos que podría contener una muy probable reforma fiscal, que si bien per se tiene razón de ser, se puede pensar que parte de ella tiene que ver con el cambio del régimen fiscal de Pemex.
Opinión