Opinión

Bancarización de migrantes y remesas, oportunidad histórica

 
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Monterrey y Guadalupe son los dos municipios que captan el mayor número de remesas.

En forma súbita y ascendente, el número de remesas de los migrantes a sus familias desde Estados Unidos ha aumentado en los últimos cinco meses. La devaluación del peso antes de la toma de posesión de Trump es una oportunidad financiera de pagar deudas o invertir en activos; por otro lado, los constantes riesgos de deportación han provocado acciones financieras preventivas: enviar a México algo de los ahorros acumulados.

En 2016 se recibieron 26 mil 970 millones de dólares en México, superando los ingresos por la venta de petróleo y turismo. Se espera que este año habrá un monto de remesas similar. Millones de migrantes envían estos recursos a sus familiares a través de más de 180 empresas remesadoras, que pagan a través de bancos, tiendas departamentales, cajas de ahorro y transmisores de dinero. Más de 80 millones de operaciones que hacen llegar a los hogares rurales dinero, en zonas donde la inclusión financiera es de las más bajas en México; además, menos de 10 por ciento de estos recursos llegan a una cuenta bancaria y menos de 2.0 por ciento se hacen a través de transferencias electrónicas directas a cuentas de ahorro. La gran mayoría de los envíos de dinero se cobran en efectivo a través de los canales de pago como Telecomm, remesadoras, bancos, cajas de ahorro, entre otros.

Nuestra paradoja es que México-Estados Unidos posee el sistema de transferencias de dinero más dinámico, complejo y desarrollado del mundo. Más de 98 por ciento son envíos electrónicos, pero los migrantes son las personas con menos inclusión financiera, con menos inversiones generadoras de empleo en sus regiones de origen. No existen lugares suficientes donde ahorrar. A pesar de que Bansefi y la banca social ofrecen hoy la red más grande de sucursales, con más de tres mil puntos de atención, la inclusión financiera migrante es muy, muy limitada.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2015 dice que menos de 10 por ciento de las remesas se utilizan para la remodelación, ampliación y construcción de vivienda y menos de 2.0 por ciento se invierten en compra de terrenos. Por el contrario, casi 70 por ciento de los envíos de dinero se usan para gastos ordinarios como compra de alimentos, salud, escuela e imprevistos, entre otros. Las remesas no cambiarán su destino pero el ahorro migrante si puede ser un gran cambio en el desarrollo económico de amplias zonas de origen.

Esta inmensa cantidad de operaciones es un gran negocio financiero: las comisiones por envío oscilan entre cuatro y 16 dólares por cada 200 dólares, adicionalmente a la utilidad por el tipo de cambio que lo hace un jugoso negocio. Mientras, en caso de que los migrantes estuvieran bancarizados y tuvieran cuentas de ahorro en el sistema financiero mexicano, una transferencia electrónica o un envío entre cuentas podría reducir esta comisión o incluso eliminarla. En las microregiones de origen recibir todo el dinero en efectivo genera fuertes distorsiones: inflación local, aumento del costo de la mano de obra, desincentiva o reduce las posibilidades de nuevas empresas locales, los ahorros bajo el colchón aumentan el costo de los terrenos y la construcción de vivienda. Los economistas le llaman 'enfermedad holandesa'. Algo que complica la generación de empleos o dinamización de economías locales, y ha sido estudiado ya en Centroamérica.

Los países desarrollados nos han mostrado que no existe crecimiento económico sin inclusión financiera. Bancarizar migrantes, sus familias y sus comunidades no es pagar remesas; es lograr que existan instituciones financieras confiables que ofrezcan a esta población productos financieros de ahorro, crédito, seguros y medios de pago, adaptados y accesibles. Que las remesas se conviertan en ahorro migrante y sean reinvertidas con apoyo de la intermediación financiera.

Los estudios muestran que los migrantes y sus familias inician la bancarización por proximidad (instituciones que están cerca de sus comunidades) y conveniencia. La reciente situación de nuestros hermanos migrantes y sus necesidades de crear patrimonios familiares es una oportunidad única y sin precedentes para avanzar hacia una inclusión financiera universal, hacia el uso pleno de servicios financieros adaptados a sus necesidades; y la construcción de bases financieras de ahorro que puedan ser reinvertidas en zonas de origen.

En este sentido, las remesas deben ser vistas como un mecanismo de desarrollo, como el combustible necesario para impulsar las regiones marginadas que expulsaron a estos migrantes. Para el gobierno federal quizás estas divisas que entran al país no sean un aliciente pues no son ingresos del gobierno, pero bien podrían ser vistos como una oportunidad para que la política fiscal los reoriente, a través de incentivos al ahorro, a la inversión en infraestructura en zonas marginadas a fin de reactivarlas, así como recursos que sean la punta de lanza para expandir a la banca social hacia zonas pobres y primordialmente hacia zonas de expulsión migratoria. En estos casos el rol del Estado es fundamental porque es quien define la política de regulación, lo que puede obstaculizar o promover la innovación, el uso de tecnologías de información, la flexibilidad de las instituciones para realizar operaciones, entre muchos otros impactos.

No podemos dejar pasar esta oportunidad, como se han dejado pasar otras, para desarrollar a México en el sur-sureste. Los gobiernos han dejado pasar muchas opciones por una tremenda falta de visión, como fue el desperdiciar el bono demográfico o el haber dilapidado los ingresos petroleros de la manera más inútil para la sociedad mexicana. Cada vez quedan menos opciones al tiempo que el mundo exterior se vuelve más hostil hacia la migración. Por ello, la ventaja que puede significar la inclusión financiera de millones de mexicanos a través de estos envíos de dinero es un tema que debe colocarse en la prioridad de la agenda de este gobierno.

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