Opinión

Banca de Desarrollo veta apoyos a comunidades indígenas

 
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 [Bloomberg] Se sugiere la compra de productos del campo por empresas sociales como Liconsa y Diconsa. 

Cientos de pobladores indígenas, miembros de Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos) se opusieron el pasado mes de abril a la iniciativa por medio de la cual se crea una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como “Ley FICREA”, por medio de la cual se buscaba resarcir a los ahorradores del gran fraude de Rafael Antonio Olvera Amezcua –socio mayoritario de la Sofipo Ficrea-.

La oposición a la “Ley Ficrea” se debió a la terrible afectación al desarrollo de los mercados financieros rurales, ya que la iniciativa de Ley Ficrea elimina a las Sofincos, a los Organismos de Integración Financiera y abroga todo el Capítulo de Financiamiento Rural de la ley vigente.

La población que realiza operaciones financieras en estas sociedades se opuso a su eliminación por ser una forma de organización de base social, autogestiva e incluyente que logra llevar servicios financieros a los lugares más recónditos en el medio rural, a costos accesibles y con productos adaptados a las necesidades de la población en la base de la pirámide de ingresos. Además, de la operación de las Sofincos depende el financiamiento a pequeños productores de maíz, frijol, cacahuate, café, miel, artesanías, plantas medicinales, entre otros.

El hecho de que las Sofincos manifestaran su postura frente a la Ley Ficrea es un derecho amparado por el Convenio 169 de la OIT, pero esto significó un veto para no entregar apoyos financieros por parte del gobierno, particularmente los de la banca de desarrollo Financiera Nacional de Desarrollo y Bansefi; asimismo, fueron cancelados abruptamente otros proyectos en SEDATU, SAGARPA e INAES. Al respecto no media ningún problema técnico o financiero toda vez que se anunció y se acordó una reducción de los apoyos pero estos simplemente no llegaron so pretexto: “no los podemos apoyar”.

Una sucinta revisión a los informes sobre el ejercicio del presupuesto público muestran que la negación de apoyos a las Sofincos constituye un trato discriminatorio, toda vez que aún con el recorte presupuestal federal, otras organizaciones privadas recibieron subsidios durante la segunda mitad del año.

De manera que las prioridades nacionales como son: la inclusión financiera de mujeres, indígenas y grupos vulnerables por ingresos no cuentan o se pueden afectar, si se ejerce el derecho a expresarse; quienes ejecutan gasto público castigan si se pretende abrir un espacio de diálogo con la autoridad para construir un marco legal consensuado y adaptado a un país multicultural, con alta dispersión poblacional, con desafíos territoriales y con enormes necesidades.

La exclusión para el acceso a recursos públicos como castigo es una abierta violación a las garantías constitucionales para la población indígena, un acto antidemocrático y de discriminación que no pude ser tolerado en un país democrático como lo pretende ser México.

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