Opinión

Banamex viola el derecho a la inclusión financiera en zonas indígenas

BANAMEX ha cerrado sucursales en zonas indígenas afectando los limitados procesos de desarrollo económico y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias; cerró Cuetzalan del Progreso en Puebla; Pochutla, Putla, Ejutla de Crespo y proximamente MIahuatlán en Oaxaca, por sólo mencionar algunos. Estos cierres son un botón de muestra de lo que a todas luces es una directriz del banco para claudicar sus operaciones en zonas indígenas, rurales, pobres y marginadas. Además del cierre de sucursales, el cierre arbitrario de cuentas bancarias sin respetar las leyes financieras, a organismos autorizados por la CNBV. Este es el caso de SMB-Rural, la primer Sociedad Financiera Comunitaria autorizada en junio del 2013, aplaudida por lograr inclusión financiera para 52, 821 socios (65% mujeres) en 2,152 comunidades de alta y muy alta marginalidad, comunidades rurales indígenas Nahuas, Otomiés, Totonacas, Zapotecas, Mixtecas, Mazatecas, a través de una cuarentena de microbancos rurales.

Una simple notificación de cierre de cuentas “por asi convenir a nuestros intereses”, sin explicación, sin considerar que se trata de un organismo confiable y supervisado, sin derecho de réplica. Desde hace unas semanas las cientos de operaciones del sistema SMB-RURAL ejercida a traves de 15 cuentas bancarias concentradoras funcionan bajo la incertidumbre que en cualquier momento sean cerradas las operaciones. Es decir, BANAMEX apuesta por la exclusión financiera por así convenir a sus intereses, cuando lo que está prestando es un servicio público.

Por siglos los indígenas han sido marginados y desplazados, y pese a esto, en la Huasteca Hidalguense, Sierra Norte de Puebla, Altos de Chiapas, Sierra Sur y Costa de Oaxaca (como en muchas otras), los pueblos lucharon contra su exclusión financiera constituyendo redes financieras comunitarias, como el caso de SMB Rural, vinculada al único banco que opera en la zona –BANAMEX- . Ahora son objeto de discriminación de forma abrupta, junto con el hecho de que este banco cierra sucursales y cuentas bancarias, a diestra y siniestra, sin respetar a los clientes, los cuales se percatan de la situación sólo cuando ven que la sucursal ha sido desmantelada.

Esto pone en claro que el único interés de la banca comercial es generar ganancias y por ende, operar en zonas rurales es una pérdida de recursos y dinero. La racionalidad del banco Banamex es estrictamente utilitaria, sin importarle las fallas de mercado que deja en la región tras esta decisión.

¿Dónde está la autoridad regulatoria? para reaccionar ante situaciones como esta, ya que los bancos, como Banamex, reciben un permiso del Estado Mexicano para operar en el sistema nacional de pagos y dado que casi todos son bancos extranjeros, la autoridad debería imponerles requisitos para garantizar una mínima cuota de responsabilidad social, como abrir 3-4 sucursales rurales por cada una en zonas altamente rentables, reinvertir en zonas menos desarrolladas un porcentaje de sus enormes utilidades; ¿porque BANAMEX no respeta el marco regulado reconociendo a sus pares del sector ahorro y crédito popular, cuya capilaridad es estrategica para avazar en la inclusión financiera?

Sin duda que el cierre de sucursales de Banamex en zonas indígenas tendrá consecuencias en la economía local, las cuales empezarán a verse en el corto plazo; ya que en lugar de que la región se conduzca hacia una integración económica y financiera, podremos esperar la ralentización de las transacciones en las regiones afectadas. En este sentido, la lucha contra la pobreza de zonas zapotecas, otomies o nahuas se vuelve a postergar. Cuando más se requiere dinamizar e incentivar las transacciones monetarias de las zonas rurales, con esto, sólo podremos esperar la profundización de la pobreza. Existe una clara violación a los derechos humanos de los indígenas protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.

Aunado a lo anterior, si bien para nadie es un secreto el tambaleo de las finanzas de Citi Group, lo que si es una sorpresa es que frente a un evidente recorte de gastos del banco, seamos los consumidores mexicanos y los pueblos indígenas quienes tengamos que pagar las consecuencias de las decisiones de un consejo de administración que a todas luces está disociado y poco interesado por el bienestar de los mexicanos. Mas todavía, este tipo de acciones abren la oportunidad para que las autoridades hacendarias y bancarias cambien la política financiera y den un impulso para resucitar, hacer crecer y abrir el sistema nacional de pagos a los intereses nacionales, es decir, a la banca mexicana en todas sus facetas y diversidad institucional.

Los bancos tienen una función social-pública y económica además de ser negocio. Por eso el FOBAPROA pago tanto dinero en su rescate; a la luz de lo que esta sucediendo en los bancos México a través de la SHCP y el Banco de México deben revisar la Ley de Instituciones de crédito y establecer mecanismos de funcionamiento que protejan el interés público; establecer obligatoriedad a los Bancos para la apertura de Sucursales combinando zonas muy desarrolladas con zonas de menor desarrollo y compensar la cobertura bancaria evitando concentración. Pero lo más urgente, abrir el sistema de pagos a los organismos del sector ahorro y crédito popular de mayor desarrollo. Además de la re-constitución de una nueva base de bancos nacionales.