Opinión

'Bad hombre', 'big loser'

   
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trump

En el tercer y último debate de la contienda presidencial en Estados Unidos, Donald Trump se refirió en términos elogiosos a Enrique Peña Nieto. “Very nice man” fueron sus palabras para nuestro presidente. Sin embargo, todo parece indicar que el candidato republicano no saldrá bien librado de la elección. Al parecer, Trump no sólo quedará marcado como un “bad hombre”, sino también como un gran perdedor. De acuerdo con el New York Times, el viernes pasado Clinton tenía 93 por ciento de probabilidades de ganar la presidencia, e incluso tiene buenas posibilidades de llevarse estados tradicionalmente republicanos como Arizona y Georgia. Ayer se dio a conocer una encuesta de ABC en la que se estimaba que la ventaja de Clinton era de 12 puntos porcentuales en el voto popular.

En términos generales, la inminente victoria de Clinton es una buena noticia para México (basta ver la recuperación del peso de las últimas semanas, en sincronía con el repunte de la demócrata en las encuestas). Sin embargo, para el gobierno de Peña Nieto el triunfo de Clinton es sólo el menor de dos males. Hillary tomó nota de la obsequiosa invitación a su rival. Después del tercer debate, el presidente Peña finalmente reconoció que la invitación fue una decisión “acelerada”. Comienza así el control de daños de un gobierno que tendrá que lidiar en su último bienio con una inquilina hostil en la Casa Blanca. Desafortunadamente, no bastará con esta rectificación. Dicen los que la conocen bien que la mejor forma como el gobierno mexicano podría congraciarse con Hillary sería con resultados contundentes en materia de respeto a los derechos humanos (un tema que ha sido una constante en su trayectoria, y que Clinton propone colocar en el centro de su política exterior).

Por supuesto, mejorar la relación con Clinton es sólo una de las muchas razones que deberían empujar al gobierno mexicano a dar un golpe de timón en materia de derechos humanos, y de forma más general en toda la política de seguridad. La razón más poderosa es que la estrategia actual no está dando resultados satisfactorios. La muertes vinculadas con el crimen organizado han crecido de forma acelerada (aumentaron 138 por ciento en los últimos dos años, al pasar de mil 429 en el tercer trimestre de 2014 a tres mil 402 en el tercer trimestre de 2016). Por otra parte, los casos de violaciones graves a los derechos humanos se siguen acumulando y, como comentaba en este espacio la semana pasada, el descontento crece al interior de las Fuerzas Armadas.

México hará frente en los próximos meses a un escenario difícil. El actual repunte de la violencia tiene lugar en un contexto de alta conflictividad social y de mayores restricciones presupuestales. El margen de acción del gobierno es limitado y las grandes metas sólo se podrán concretar después de 2018. El compromiso de reducir los homicidios a la mitad, por ejemplo, es hace tiempo inalcanzable. Sin embargo, sí hay acciones importantes que se deben impulsar para superar la percepción de que el gobierno mexicano solapa violaciones a los derechos humanos, para romper con la inercia del deterioro de la seguridad, y para sentar las bases para recuperar la paz en el futuro.

La primera es tomar medidas que demuestren voluntad de hacer justicia en el caso los estudiantes desaparecidos en Iguala. La desaparición de los 43 estudiantes encarna ante la opinión pública nacional e internacional el rostro más represivo del Estado mexicano. Numerosos líderes globales, incluyendo a Hillary Clinton, han subrayado el carácter indignante de los hechos. Además de subsanar las deficiencias en la investigación, el gobierno podría mandar una señal positiva si toma acciones contundentes en contra de las redes criminales que todavía operan en Guerrero, e intimidan o corrompen a las autoridades. Para citar un ejemplo, en julio pasado el alcalde de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto, denunció que cuando asumió el cargo los criminales le exigieron un millón de pesos, y que recientemente había sido amenazado de muerte. Pocos días después fue asesinado. Tomar medidas contra las mafias de Guerrero sería la mejor garantía de no repetición de los hechos.

Adicionalmente, el actual gobierno puede dar los pasos correctos para la creación de instituciones más sólidas en el futuro. Estos pasos incluyen la aprobación de la reforma en materia de mando mixto y avanzar en la regulación de las intervenciones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el gobierno tiene una enorme oportunidad de dejar un legado si realiza una labor cuidadosa en el diseño de la nueva Fiscalía General de la República (que reemplazará a la PGR) y si nombra como primer fiscal general de la República a una persona con méritos profesionales en el ámbito de seguridad y justicia, y con prestigio e independencia respecto al gobierno. El fiscal que se nombre en 2018 ocupará el cargo hasta 2027.

Twitter: @laloguerrero

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