Opinión

Ayudan a Graco

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Graco Ramírez.

A pesar de que la deuda pública en Morelos se multiplicó en más de 300 por ciento en el gobierno de Graco Ramírez, al pasar de mil 378 millones de pesos a cuatro mil 762 millones de pesos en tan sólo tres años, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos (ESAF) prefirió borrar las observaciones que se habían hecho.

Así, de un plumazo, la ESAF consideró como solventadas observaciones en las cuales el gobierno cayó en irregularidades obvias, como el proyecto de modernización de los sistemas para el control administrativo de los ingresos 2009, con valor de cuatro millones 15 mil 721.18 pesos.

Parece absurdo hablar de la administración de Graco Ramírez y poner un proyecto que se llevó a cabo en 2009, pero aquí lo interesante es que los auditores aseguraron que este gasto corresponde a una obra “devengada y completamente pagada, antes de la autorización del crédito para el actual gobierno”.

Es decir, que en este caso el gobierno del estado pretendió pagar obras públicas de la administración 2006-2012, incluyéndolas en la apertura programática de las obras a ejecutar con el crédito de los dos mil 770 millones de pesos de 2013.

La Auditoría comprobó que el proyecto ya había sido pagado en su totalidad, pero se efectuó otra vez el pago (el segundo) a lo que la Auditoría llamó “simulación de pago”.

Además el Instituto de Educación Básica de Morelos (IEBEM) ejerció en 17 ocasiones un crédito contratado con un importe total de 306 millones 481 mil 713 pesos. En todas estas veces se utilizó para gasto corriente, como pago de sueldos bajo los rubros de provisiones salariales, compensaciones salariales, remesas salariales, bono por compensaciones, bono navideño y un “pago anual de compensaciones para el fortalecimiento temporal compactado 2013”.

Esto violenta la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos, que establece que está prohibido utilizarla para gasto corriente.

Otro caso es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Morelos, donde se ejercieron tres veces los recursos del crédito por un total de 50 millones 681 mil 956 pesos y se aplicaron en las evaluaciones de control de confianza en un total de cuatro proyectos.

Esta erogación se llevó a cabo por el estado, no obstante que recibe mensualmente recursos presupuestales para la seguridad provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), ahora Fortaseg.

Además estos exámenes de control de confianza se estuvieron realizando anualmente, cuando la norma establece que se deben llevar a cabo cada dos años.

A pesar de ser tan obvias estas observaciones de la ESAF que se habían hecho en el acta circunstanciada del 25 de septiembre de 2015, se eliminaron como por arte de magia del Informe Final de Resultados sobre el proceso de contratación, ejecución y comprobación del gasto de los créditos contratados como deuda pública.

Es decir que los morelenses no sólo incrementaron el pago de servicios de la deuda de 200 mil a casi un millón de pesos, sino que además no cuentan con un auditor en el Congreso del estado que realice un trabajo bien hecho y exija legalidad en el gasto de la deuda pública.

Con las negociaciones de la Secretaría de Hacienda estatal las observaciones pasaron de 60 a 20 y posteriormente a cero, a pesar de irregularidades tan obvias como las expuestas.

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