Opinión

Ayotzinpa, el primero
de muchos años

 
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ayuno

Se cumple un año de la tragedia en que 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos desaparecieron. Un año de investigaciones incompletas o imprecisas, de peritajes contradictorios, de dictámenes adelantados.

Un año también de un reclamo legítimo de los padres y familiares de las víctimas que siguen sin tener una versión fehaciente, sólida, creíble de lo sucedido aquella terrible noche.

Un año lamentable y deshonroso en que múltiples organizaciones políticas, algunas de forma abierta y clara, aunque otras más de forma encubierta y vil, han manipulado, utilizado, abanderado la causa y la tragedia como instrumento político con todos los fines previsibles en escenarios diversos: electorales, de presión política, de desestabilización, de boicot al régimen. O todos juntos como parte de la misma estrategia.

Vivimos en un país donde la justicia se politiza y se convierte en sujeto del debate. El curso de las investigaciones, la “verdad histórica” del entonces procurador Murillo Karam, ha sido rechazada, contradicha y desestimada por grupos llamados independientes.

Entre los errores de Murillo, más allá del lamentable “ya me cansé”
–sobrado de insensibilidad y falta de empatía con las víctimas– consiste en haber concedido no difundir los hallazgos totales de la investigación.

Cuando acudió a Iguala en helicóptero la misma mañana en que ofreció la conferencia de prensa en que dio a conocer los resultados de su investigación, informó a los padres de la existencia del quinto autobús. En ese camión, hay señalamientos y probables evidencias –no lo sabemos– de que transportaba droga. Los padres pidieron al procurador Murillo que no difundiera nada que incriminara a sus hijos, que los colocara en la condición de probables delincuentes, de presuntos responsables. El procurador cedió y aceptó, no sabemos si por voluntad propia, o por instrucción superior. Pero a un año de los hechos, el expediente de la información “resguardada” ha hecho más daño al cubrir al gobierno con un velo de sospecha y de indirecta responsabilidad.

Otro señalamiento frecuente al revisar la línea de tiempo trazada por el GIEI, es si el C4 –el comando de comunicación y control de seguridad donde convergen autoridades locales, estatales y federales con el Ejército y la Policía– tuvo o no conocimiento de los hechos y en qué preciso momento de esa noche. ¿Supieron y no actuaron?

¿Atestiguaron los hechos pero los confundieron con un conflicto entre grupos criminales? Es información que seguramente tienen las autoridades y que no conocemos, y tal vez nunca sea publicada.

El caso se ha politizado al extremo de que los padres opinan y tienen voz en la selección de los peritos y fiscales que investiguen, porque la justicia es un asunto político, de pesos y contrapesos entre grupos y partidos, y no un asunto jurídico, apegado a derecho, a procedimientos y a leyes. Los padres hoy pueden votar y presionar sobre quiénes sean los ministerios públicos asignados, los fiscales, los peritos.

El derrumbe de la credibilidad es –en buena medida– responsabilidad de la propia autoridad por no revelar toda la información al 100 por ciento. Subsiste la percepción de que datos, movimientos, comunicados, acciones policiacas y militares han sido protegidos, resguardados, escondidos.

El problema mayor al que se enfrenta el gobierno es que no importa ya si se integra una fiscalía especial –como seguramente el presidente concederá en la reunión de esta mañana– si se revisan nuevamente los expedientes, se integran nuevos equipos de peritos e investigadores. Todo apunta a que existe ya una sentencia pública, orquestada y construida por estos grupos cuyo fin único es culpar al gobierno federal y desestabilizar al país. Algunos especialistas señalan a Chapingo como ese centro ideológico que capacita y entrena a estos activistas que se apoderan de causas, banderas y tragedias ajenas. Alguien le ha hecho creer a los padres que sus hijos siguen vivos, que los ocultan el gobierno perverso y los militares siniestros. Es una pena.

Por otro lado la historia jurídica de México demuestra que las fiscalías especiales no han logrado resultados incuestionables. Más bien han sido la tumba de casos e investigaciones cuyos resultados permanecerán en el imaginario colectivo de lo que pasó y las leyendas que se cuentan al respecto.

Por muchos años el caso Ayotzinapa quedará en el registro de lo que no supimos, de lo que nunca nos dijeron con claridad y transparencia, de los datos cruzados y las versiones encontradas de peritajes contradictorios.

Twitter: @LKourchenko

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