Opinión
CÉSAR CHÁVEZ, abogado

“Ayotzinapa nos confrontó como Estado”

    
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María Scherer

Nieto, hijo y sobrino de agricultores, César Chávez gozaba los veranos de campamento y la vida al aire libre. Desde joven tuvo inquietudes sociales; participó en movimientos apostólicos, en grupos de liderazgo, en periódicos, sociedades y otras actividades estudiantiles. Por eso fue casi natural su paso por la Facultad de Derecho en la Autónoma de Chihuahua.

Mientras terminaba sus estudios, trabajó primero con un exitoso abogado penalista. En el despacho, Chávez vivió su primer conflicto vocacional. “No me sentía cómodo porque sus clientes eran unos malandros. Yo tenía un sentido social muy claro de mi profesión, y quizás una idea muy romántica y juvenil de lo que era el derecho”. Consecuente, migró hacia el derecho público, con una plaza de conserje en el Congreso del estado: “Me emocionaba ver a los legisladores hacer las leyes”. Más tarde laboró en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y después, como miles, vino a probar suerte en la Ciudad de México. No tenía trabajo, parientes ni conocidos. Se hospedó en una casa para estudiantes.

Consiguió empleo en la Coparmex y al poco tiempo fue nombrado director jurídico de la Confederación, pero a los tres años se integró al grupo de chihuahuenses que encabezaba la Secretaría de la Función Pública, primero bajo el mando de Francisco Barrio y luego de Eduardo Romero.

Ahí, Chávez se especializó en responsabilidades administrativas de funcionarios y contrataciones públicas. Poco después concursó para convertirse en el director general de controversias en contratos. “En todo el mundo, no sólo en México, las clases políticas hacen la riqueza mal habida a través de la asignación de contratos. En nuestro país, los contratos que el gobierno celebra con particulares implican más o menos 30 por ciento del gasto público federal”, explica.

En ese puesto, Chávez ejerció resistencia a las presiones de secretarios de Estado y otros funcionarios cuando obligaba a que se revisaran adjudicaciones de contratos. “Eso no se aprende. Esa capacidad de impugnar te la da la fuerza de la convicción. Mi padre, un trabajador migrante, a pesar de su educación escolar básica, tenía una gran convicción cívica, y siempre nos inculcó el deseo de trascender, y no en el aspecto económico”.

Los siete hermanos se han superado. El mayor es cura y vive en Honduras, en una comunidad muy pobre. El segundo dirige un restaurante en Denver. César es el tercero. El que le sigue es dueño de una tienda de mármoles en Chihuahua, con quien trabaja el menor de todos. La quinta es maestra universitaria en Puebla. El sexto también es abogado.

Dejó la Secretaría de la Función Pública, “un espantapájaros que nadie respeta”, para irse a la Visitaduría General de la PGR con Arturo Chávez Chávez. Cuando su jefe fue sustituido, fue el único subprocurador que permaneció con Marisela Morales. Había hecho una labor respetable, por decir lo menos, en control interno, persiguiendo conductas irregulares, administrativas y penales, de funcionarios de la Procuraduría. César Chávez consolidó entonces su fama de duro. “Hicimos lo que nadie más en cuanto a la cantidad de operativos exitosos, de detenciones en flagrancia, de investigaciones sofisticadas para desmantelar redes completas de corrupción”.

Volvió a la Función Pública como controlador general de Petróleos Mexicanos, con Juan José Suárez Coppel. Cuando Areli Gómez fue nombrada Procuradora General, regresó a la Visitaduría, hasta que reventó Ayotzinapa…

En septiembre de 2016, Chávez renunció a su cargo, unos días antes que Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR: “Ayotzinapa tiene una trascendencia única porque fue un caso que nos confrontó con lo que somos, como Estado y hasta como seres humanos. Y es una tragedia que la investigación de esos crímenes no tenga la transparencia ni la seriedad que merecen la sociedad y las víctimas. Creo que en lo ético y en lo político, hay casos que definen la vida de un servidor público, y que cuando pasen los años te van a recordar por lo que hiciste o dejaste de hacer en ese caso específico, al margen que hayas hecho bien el resto de tu trabajo, todos y cada uno de los días. Con Ayotzinapa yo no iba a resbalarme. Fui particularmente cuidadoso y meticuloso, y muy abierto a escuchar las conclusiones que habían emitido organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y lo que tenían qué decir los padres y los abogados de los padres”.

Chávez está en pausa, aunque relativa, porque es uno de los candidatos a la Fiscalía Anticorrupción. “De la PGR sales con mucha tensión. Creo que no hay un trabajo más tenso que el tener en tus manos la posibilidad de privar de la libertad a otra persona. El bien más preciado del hombre es su libertad. Por ejemplo, el estar investigando a tus propios compañeros –porque nosotros llevábamos asuntos internos– implicaba para los agentes ponerse a diario en riesgo porque entonces estaban conmigo, pero una vez que sale su jefe, no saben si el que sigue los va a proteger o no, y pueden ser vistos como traidores por sus propios compañeros. Por eso se tiene que trabajar arduo en la convicción de cuál es el sentido trascendente de su chamba”.

Chávez afirma que si el Senado asigna al fiscal éste estará destinado al fracaso, o cuando menos a incumplir las expectativas de la sociedad. “Yo no creo en la reelección de los fiscales y pienso que es humanamente muy difícil que aguante nueve años. La Fiscalía es un puesto que consume”.

El abogado intenta convencer a los legisladores de que el fiscal anticorrupción no traerá más que frustración, pues “ocupará esa oficinita que se llama Unidad de Delitos de Servidores Públicos, cuya estructura, mínima, es de 35 agentes. Si revisas su historial, en siete años obtuvo 70 autos de formal prisión, un promedio de diez al año. Como está planteada, la Fiscalía va a provocar un desencanto social muy grande. En mi opinión, no es más que una estrategia del gobierno para lavarse la cara en el tema de la lucha anticorrupción. Además, el fiscal puede ser removido en cualquier momento por el procurador y su cargo dura hasta el 30 de noviembre de 2018”.

Y remata: “Dime, ¿quién va a tener los incentivos de construir una institución, de reclutar gente, de iniciar investigaciones serias que trasciendan cuando tu tiempo está contado?”

Twitter: @maria_scherer_i

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