Opinión

Ayotzinapa, a un año

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Marcha Ayotzinapa

1. Fue un error, hay que repetirlo, dejar a Murillo Karam al frente de la investigación. El 28 de abril de 2014 se notificó a la SEIDO que Patricia Soto, sobrina de los Abarca, y el secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Velázquez, tenían nexos con el crimen organizado. El 2 de mayo la PGR tuvo en su poder la declaración ampliada de Ernesto Pineda, quien narraba cómo la Policía de Iguala levantaba personas y luego las entregaba a Guerreros Unidos. No hubo reacción alguna.

2. La omisión de la PGR podría ser explicada por razones políticas. Eran los tiempos del Pacto por México. Y las relaciones del matrimonio Abarca con Lázaro Mazón, secretario de Salud de Guerrero, y de éste con Ángel Aguirre, gobernador del estado, y de todos ellos con Nueva Izquierda, del PRD, están documentadas. Hipótesis: la omisión fue para no lastimar la alianza del gobierno de la República con la corriente hegemónica del partido del sol azteca.

3. El desaseo de la investigación en el caso Iguala fue documentado por el GIEI. Pero no sobra señalar que el Equipo Argentino de Antropología Forense le reclamó al procurador Murillo que, entre el 15 y el 16 de noviembre de 2014 el basurero de Cocula quedó sin custodia y durante ese lapso se sembró evidencia: 41 casquillos bajo una piedra.

4. Según la versión oficial, el alcalde Abarca dio la orden de reprimir a los estudiantes para impedir que boicotearan el informe que rendía su esposa, en su calidad de presidenta del DIF. Pero la realidad es que el operativo policíaco contra los normalistas inició dos horas después de concluido el acto.

5. El matrimonio Abarca continúa detenido, pero por otros cargos que nada tienen que ver la desaparición de los normalistas. Y, hasta ahora, ambos se han reservado el derecho a declarar ante el juez y el Ministerio Público. En otras palabras, no han reconocido su culpabilidad ni se han encontrado elementos para procesarlos por los hechos del 26 y 27 de septiembre.

6. Los cabos sueltos son muchos: menciono dos. Primero, la existencia de un quinto autobús que fue secuestrado por los normalistas y que no aparece en la versión oficial. Segundo, el hecho de que de las 25 cámaras de vigilancia del C4 en Iguala, sólo funcionaban cuatro la noche del 26 y la madrugada del 27. Por eso no hay imágenes de la represión de los policías. El C4 estaba a cargo de un policía estatal, pero había representantes de Tránsito Municipal, Policía Municipal, Protección Civil y Defensa Nacional: ¿pone esto en evidencia una acción meditada y concertada?

7. La detención del Cabo Gil, un año después de la tragedia de Iguala, y su confesión de que durante ese tiempo fue protegido por cuerpos policiacos de nueve municipios, confirma la fuerza de Guerreros Unidos y la infiltración o cooptación de las autoridades municipales. Pero, ¿qué hay de las estatales y federales?

8. Se sabe que en el norte de Guerrero y Tierra Caliente prolifera la producción de goma de opio; objeto del enfrentamiento entre Guerreros Unidos y Los Rojos. De ahí la hipótesis: los normalistas, sin saberlo, secuestraron un autobus que transportaba droga, provocando la reacción de las policías de Iguala y Cocula.

9. Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, supuestamente declaró que uno de los normalistas, antes de ser asesinado, le confesó que un sujeto le pagó a Hernández Rivera, director de la Normal Isidro Burgos, para que enviara un grupo de estudiantes a boicotear el informe de la presidenta del DIF.

10. Sin embargo, la PGR nunca citó a declarar a Hernández Rivera, por una de dos razones: a) porque no le atribuyó valor a la confesión de El Cepillo; lo que sería una flagrante contradicción, ya que ese mismo testimonio forma parte del sustento de la “verdad histórica”; b) porque, desde el inicio, los padres exigieron, como acaban de hacerlo una vez más, que no se victimice a las víctimas, haciéndolas aparecer como delincuentes.

11. Sea de ello lo que fuere, y revisando este recuento, la madeja de Iguala exige, por el bien de todos, que se nombre un fiscal independiente, con autoridad moral y capacidad profesional, para separar el grano de la paja.

12. La propuesta del gobierno federal de crear una fiscalía especial para desaparecidos, evade el problema, no lo enfrenta.

Twitter: @sanchezsusarrey

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