Opinión

Avanza ley de Innovación contra extorsión de patentes

 
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Fabricación de medicina de patente

De manera expedita, el Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos ha reaccionado para contener la posición abusiva que las llamadas “patent-trolls” venían ejerciendo a través del sistema judicial de ese país, generando distorsiones que empezaban a calificarse como catastróficas en términos de inhibición a la innovación.

Las llamadas “patent-trolls” han proliferado en la última década, como un mecanismo de generación acelerada de ingresos por vía de la compra de patentes -de tal envergadura tecnológica-, que permiten demandar a múltiples empresas del mismo sector; los abrumadores costos de los litigios, en la mayor parte de los casos, conduce a negociaciones basadas en el adagio del “más vale un mal arreglo”. De hecho, la posición abusiva en el ejercicio de derechos de este tipo ha llevado a involucrar en las demandas a usuarios finales de las tecnologías, lo que constituye una preocupante novedad en este tipo de litigios.

Bajo esta condición, hoy proliferan demandas en contra de restaurantes, negocios de fotocopias y trabajos de oficina, tiendas de conveniencia y muchos negocios más de este tipo que emplean equipos o aplicaciones patentadas y que se han vuelto objetivo de los titulares de esta clase de patentes, desvirtuando la naturaleza y sentido de un sistema balanceado de propiedad intelectual.

Al conocer los exorbitantes costos y riesgos que supone un procedimiento legal de este tipo, muchas de las empresas, aún considerándose ajenas al asunto e inocentes, optan por aceptar pagar una determinada compensación, antes que ser llevadas a juicio bajo estas presiones.

La legislación propuesta y en vías de aprobación en el Congreso, que anticipa una promulgación acelerada dado el apoyo bipartidista en su formación, pretende, por una parte, ofrecer protección a los usuarios finales de productos patentados, al subir los requisitos para involucrarlos en demandas; y por la otra, una serie de medidas procesales para reducir los costos relacionados a litigios de patentes, que han llegado ya a excesos injustificados.

Aún y cuando pareciera que escenarios similares no podrían presentarse en México, es un hecho que existen condiciones fácticas y de legislación que lo incitan; en primera instancia, por la regla que condena a los infractores de derechos de patentes, marcas y derechos de autor, a pagar un mínimo de 40% de las ventas realizadas en violación al derecho. En segunda instancia, por la facilidad con la que hoy se puede acceder a demandar por vía civil directa en casos de violación de derechos de autor.

De hecho, en ciertos sectores empiezan ya a proliferar demandas desproporcionadas que, aún y cuando puedan estar “ajustadas a derecho”, claramente suponen una posición abusiva que está comprometiendo la estabilidad de muchas empresas. El caso particular se está presentando en el sector de modelos, que antes limitaban su reclamación a pagos amarrados a los montos de sus contratos, y hoy, cuando se usa su imagen fuera de plazo o términos de autorización, demandan civilmente el pago de sumas multimillonarias bajo este tipo de premisas.

La pregunta necesaria no es otra que la relativa a la oportunidad con la que en nuestro país atajaremos este tipo de demandas, o si dejaremos que se acumulen los casos para definir una política. En el intervalo, lo que puede estar en juego es la supervivencia de múltiples empresas.

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