Opinión

Autodefensas,
desarme a medias

Dicen las autodefensas que se van a disolver. Es una buena noticia, pero en este caso hay que ver para creer.

Ni José Manuel Mireles ni Luis Antonio Torres (“El Americano”) son personas de fiar, y tienen buenas razones para andar y seguir armados, especialmente el segundo.

Mireles, de Tepalcatepec, tiene antecedentes de tráfico de mariguana, por lo que fue detenido y sentenciado en 1988, y preliberado años más tarde.

“El Americano” ha sido acusado de encabezar el grupo criminal H3, de Buenavista, y tiene investigaciones pendientes por homicidio y secuestro.

Y “El Abuelo”, Juan José Farías, tiene acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde luego que en las autodefensas hay muchas personas de buena fe, que tuvieron que desempolvar sus armas porque ni el gobierno estatal ni el federal fueron capaces de brindarles una seguridad mínima, ante la organización criminal de Los Caballeros Templarios.

Hoy los Templarios están destrozados, sin fuentes de financiamiento y sin jefes, salvo el caso de Servando Gómez (“La Tuta”).

Una vez detenido La Tuta, no hay razón para que las autodefensas permanezcan armados, haciendo las veces de policías plenipotenciarios. Deben disolverse. Y más aún, deben entregar las armas.

El acuerdo al que llegaron las autodefensas con las autoridades es bastante benévolo con los primeros. Tendrán que entregar armamento de grueso calibre que tienen en su poder, como los rifles M50, M60, cohetes y lanzacohetes. Nadie les va a preguntar de dónde los sacaron. Pero podrán conservar los fusiles AR-15 y las Ak-47, conocidas como cuernos de chivo. ¿Por qué? ¿Cuál es su privilegio para contar con metralletas sin que nadie les diga nada?

El pacto al que llegó el gobierno federal con las autodefensas es bueno para éstas, pero no se puede asegurar que sea bueno para la paz duradera en Michoacán. Los civiles no deben tener armamento de alto poder, como se les está permitiendo.

Las autodefensas fueron funcionales a la estrategia del gobierno para acabar con los Templarios, pues conocen sus escondites y saben el quién es quién en los municipios de Tierra Caliente.

Pero esa amenaza, en buena medida ya se acabó. O disminuyó a un grado tal que no se justifica la presencia de organizaciones civiles armadas, porque el Estado recobró su papel de garante de la seguridad.

El gobierno federal cumplió en tiempo récord con la desarticulación de ese cartel criminal, lo que no se había podido lograr en 12 años de persecuciones infructuosas.

Debe comenzar una nueva fase, que arranca con la unificación de los mandos policiacos y una tarea titánica de desarrollo social y restauración de la confianza en las instituciones civiles.

El trabajo policiaco, es cierto, no está terminado: falta La Tuta. Y no es cosa menor. Pero todo indica que su caída es cuestión de días.

El 3 de abril en Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el desarme de los grupos de autodefensa estaba muy próximo. Así debe ser. Todos los civiles, sin excepciones, deben entregar las armas, porque éstas son parte del problema y no de la solución.

Estelas

La controversia constitucional contra los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas por no armonizar su legislación local con la reforma educativa, era de preverse. Lo que jamás se hubiera pensado es que el otrora pujante estado de Sonora estuviera incluido en ese paquete de la vergüenza. Pobre Sonora, en qué compañías anda.