Opinión

Autodefensas: autogol del gobierno


 
El asunto de los grupos llamados de “autodefensa’’, con presencia notable en Michoacán y Guerrero, se le hizo bolas al gobierno federal.
 
No hace mucho, apenas el 20 de agosto pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, condenó que grupos civiles asumieran tareas de seguridad que sólo corresponden al Estado.
 
Osorio había sido cuestionado en esa fecha por los senadores del PRD, durante la reunión plenaria de ese grupo parlamentario, luego de que días atrás se había detenido a 45 comuneros de Aquila, Michoacán, conformados en un grupo de autodefensa, “por caminar por las calles con armamento de uso exclusivo del Ejército’’.
 
En la misma reunión, Osorio se refirió a los grupos de autodefensa de Guerrero.
 
 
“Es un caso diferente’’, dijo entonces, “ellos -los grupos de autodefensa- existen desde 1995 con reglas claras y con otro tipo de armamento’’.
 
Osorio dijo que el Estado no toleraría la presencia de esos grupos y que los combatiría.
 
 
Meses después, a causa del accidente de aviación que sufrió José Manuel Mireles, considerado el “padre de los grupos de autodefensa’’, Osorio no sólo NO condenó nuevamente a estos grupos sino que dijo que “son aliados’’ en el combate a la delincuencia organizada.
 
 
El secretario de Gobernación dijo que el gobierno brinda protección a Mireles “debido a que ha lastimado los intereses de los Caballeros Templarios’’.
 
 
Luego, para justificar la anterior declaración, el hidalguense reconoció que la Secretaría de Gobernación sostenía negociaciones con los dirigentes de esos grupos para “pasarse a la legalidad’’.
 
En las negociaciones -que no se sabe con quién fueron y si participaron representantes de las fuerzas armadas-, estuvo el propio Mireles.
 
Se les había dicho que no podían estar actuando armados, al margen de la ley, y acordaron que se metieran a la legalidad, que si querían participar pudieran hacerlo dentro de las instituciones con capacitación y por supuesto ayudando a las fuerzas de seguridad”, dijo Osorio.
 
 
Lo que el secretario no dijo fue cómo es que “entrarían a la legalidad’’, es decir, se volverían parte de las fuerzas policiacas o militares, o se convertirán en un grupo paramilitar con supervisión del Estado.
 
 
Tampoco dijo si se castigaría el hecho de que todos estos grupos, sin importar el municipio, exhiben armas propias de los cárteles y no de policías rurales o comunitarias.
 
 
Ahora que si de plano el gobierno no puede o no quiere combatir a estos grupos, lo mejor sería terminar con la simulación y regularizar su presencia…, aunque luego ya no sean parte de la solución sino un problema aparte, como sucedió en Colombia en los años ochenta.
 
A ver.
 
 
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Ayer le comentamos en este espacio sobre el reclamo que hizo el gobierno de Guerrero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por un informe sobre la situación de los grupos de autodefensas en el estado que según el secretario de Gobierno, fue hecho sobre las rodillas con datos falsos o incompletos.
 
 
La CNDH respondió ayer
 
 
El informe, según la CNDH, se realizó a través de una importante labor de investigación documental, hemerográfica y de campo, consistente en 52 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales, así como 58 visitas de trabajo a 64 municipios y 37 comunidades del estado de Guerrero, “a partir de las cuales se logró constatar las violaciones en que se han visto inmersos los guerrerenses debido a que las autoridades estatal y municipales no han atendido de manera eficaz las condiciones de inseguridad que aquejan sus zonas, lo cual ha originado el surgimiento y la proliferación de grupos comunitarios de autodefensa’’.