Opinión

Autarquía militar y fuerza letal

    
1
     

       

Escuela Militar de Infantería. (Cuartoscuro/Archivo)

El Ejército Mexicano es una criatura del siglo pasado. En un tiempo en que los golpes militares eran recurrentes en el resto de América Latina, en México logramos mantener un cierto orden constitucional (al menos desde 1936, cuando Lázaro Cárdenas logró sacudirse con éxito la tutela de Plutarco Elías Calles). Con la llegada de Miguel Alemán al poder en 1946 dio inició un largo periodo de predominio civil en la vida política del país. Dentro de este arreglo institucional en el que los militares renunciaron a desempeñar un papel protagónico, un elemento fundamental ha sido la lealtad inquebrantable de las Fuerzas Armadas a la figura del presidente.

Sin embargo, esta lealtad tiene un precio. En su ámbito de jurisdicción
–que incluye las carreras de un cuarto de millón de soldados y marinos– los mandos militares hacen su voluntad. Formalmente las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina están subordinadas al Ejecutivo. En la práctica gozan de autonomía como ninguna otra institución del Estado. Por ejemplo, en México nunca se ha nombrado a un civil para encabezar la Sedena, en contraste con la norma en el resto de los países democráticos. Esta autarquía fue funcional hasta hace algunos años, cuando Felipe Calderón echó mano de las Fuerzas Armadas para hacer posible su estrategia de combate frontal al crimen organizado.

Como era previsible, con el despliegue masivo del Ejército también se disparó el número de quejas por violaciones a los derechos humanos. La férrea resistencia de los mandos militares para colaborar con la investigación de dichas violaciones ha sido motivo de una gran tensión entre la cúpula militar y las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Por su parte, las autoridades civiles (federales y estatales) generalmente han optado por solapar a los militares. El “fuero” y el sistema de justicia militar eran otro aspecto central de la autarquía de las Fuerzas Armadas. Fueron necesarios muchos años, y varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que el año pasado fuera finalmente aprobada la reforma que pone fin a la práctica de juzgar en tribunales castrenses los abusos cometidos contra víctimas civiles por parte de elementos militares.

Sin embargo, la actuación en torno a la masacre de Tlatlaya, tanto de la PGJ del Estado de México como la de la PGR, sugiere que no han terminado las resistencias a la investigación de abusos por parte de elementos militares. Entre varias irregularidades de las autoridades ministeriales, la CNDH señala que inicialmente torturaron a los sobrevivientes de la masacre para que no inculparan en su testimonio a los militares. Posteriormente han obstaculizado o han negado la entrega de información decisiva para el desahogo de la investigación.

Llama la atención que, a pesar de las constantes denuncias de los defensores de derechos humanos, las Fuerzas Armadas –con el apoyo de las procuradurías estatales y la federal– insistan en entorpecer la investigación de casos graves y emblemáticos como el de Tlatlaya. La convicción de los mandos parece ser que, al investigar y sancionar los excesos por parte de militares, inevitablemente se socava la disciplina y la eficacia de las Fuerzas Armadas. Asimismo, parece que en las Fuerzas Armadas prevalece la idea de que es injusto que quienes ya arriesgan la vida por mantener la seguridad del país también corran el riesgo de ser sancionados.

Al asumir tareas de seguridad pública y de combate al crimen organizado, los militares indudablemente han quedado expuestos a riesgos importantes. Por ejemplo, en 2009 se registró un episodio trágico cuando sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva asesinaron a Melquisedec Angulo Córdova (un marino que participó en el operativo de captura del Arturo Beltrán Leyva), y posteriormente a cuatro miembros de su familia. Desafortunadamente, las bajas militares no han sido excepcionales. De 2011 a 2014 por lo menos 88 elementos en activo fueron ejecutados o murieron en enfrentamientos en contra del crimen organizado.

Sin embargo, la falta de colaboración oficial para la investigación del caso Tlatlaya sólo parece corroborar la idea de que las Fuerzas Armadas toleran el uso indiscriminado de la fuerza letal. Al respecto, el elevado “índice de letalidad” de las Fuerzas Armadas ya es un indicio preocupante. De acuerdo a la estimación de Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mientras en los operativos de la Policía Federal se registran dos muertos por cada herido, en los operativos de Sedena esta cifra aumenta a nueve y en los de Semar a 17.

La solución para proteger a los soldados no radica en extenderles un cheque en blanco para usar la fuerza letal, sino en una modernización integral de las Fuerzas Armadas. Actualmente el Ejército no cuenta con el grado de profesionalización necesario para desempeñar la difícil tarea que se le ha encomendado y mantener un nivel aceptable de respeto a los derechos humanos. Sólo así es concebible que –como sugieren las pesquisas de la CNDH– varias de las 22 personas que murieron en Tlatlaya el 30 de junio de 2014 fueran fusiladas, una por una, después de haberse rendido.

Twitter: @laloguerrero

También te puede interesar:
¿Cómo superar la crisis de credibilidad y confianza?
Sistema anticorrupción, peor es nada
Transparencia, los cambios indefendibles