Opinión

Atenco y el aeropuerto

La historia del 2002 con el proyecto del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México quedó marcada por la torpeza y la inoperancia política de aquella administración. El presidente Fox anunció el proyecto y la expropiación de terrenos ejidales. El entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, dio por hecho que los autoridades locales o tal vez la Reforma Agraria realizaría las gestiones y lo cierto, es que nadie atendió, escuchó o se tomó la molestia de sentarse a hablar con los ejidatarios.

Anunciaron la tarifa que pagarían por metro cuadrado, una burla insultante de algo que iba entre los 80 centavos y el 1.50. El resultado fue desastroso. Se conformó el Frente de los Pueblos Unidos por la Defensa de la Tierra, el ejidatario Del Valle, y después su hija América, se convirtieron en figuras emblemáticas del movimiento. Inolvidables marchas con machete en mano recorrieron avenidas y plazas de la Ciudad de México que a la postre, forzaron a Fox y a sus funcionarios a retractar la expropiación y cancelar el proyecto.

El actual gobierno se precia de contar entre sus filas a algunos de los más afinados operadores políticos. El secretario de Gobernación y el de Hacienda son reconocidos por sus habilidades como concertadores y constructores de acuerdos y consensos.

En las próximas semanas después del anuncio de ayer, tendrán que probar con sus equipos que la reputación es merecida, pues nadie quiere que la historia se repita.

Las tierras son las mismas en esencia, aunque hay variaciones de límites y márgenes.

Los dueños siguen siendo los mismos, aunque se afirma que en los últimos años el gobierno federal ha comprado algunos terrenos ejidales en la zona. Esto coloca al gobierno en la vital necesidad de negociar con el Frente y con América del Valle para ofrecer a los señores ejidatarios, no solamente precios justos y bien valorados por sus tierras, sino sobre todo, beneficios económicos con el desarrollo del proyecto.

Concesiones de locales comerciales, sitios de taxis, servicios múltiples que consume un monstruo de esas dimensiones, pueden ser algunas de las alternativas que se ofrezcan a los ejidatarios. Ellos deben ser los primeros beneficiados, como hipotéticamente debieran ser los propietarios de tierras donde se encuentre petróleo o gas natural.

El gobierno del presidente Peña Nieto lanzó ambiciosos proyectos de infraestructura, con lo que esto supone en términos de inversión y empleo. Muchos deben ser los beneficiados, no solamente en términos de consorcios y compañías que ganen contratos y licitaciones, sino especialmente la gente de a pie, los ciudadanos vecinos y circundantes a los puntos de desarrollo. Eso significa derramar recursos y beneficios para reactivar comunidades económicas.

El desarrollo no solamente debe concentrarse en las elites, los conglomerados, las constructoras, los despachos de diseñadores y arquitectos. Deben incorporarse organizaciones civiles, de comerciantes, cooperativas de servicios –taxis, limpieza– que reguladas y vigiladas por administradores profesionales, obtengan empleos y ganancias de los enormes proyectos.

Sí sólo se beneficia a los de siempre, sí sólo ganan los concursos y las licitaciones las corporaciones de experiencia y prestigio, olvidando a los pequeños, a los vecinos, a los comerciantes, repetimos esquemas agotados e infructuosos de una supuesta redistribución de la riqueza, que nunca llega a quien más lo necesita.

Si el gobierno y las dependencias que supervisen las licitaciones de obra, de diseño, de telecomunicaciones, de locales, de servicios, incluyen cláusulas que obliguen a los concesionarios a incorporar a organizaciones y vecinos, probablemente se logre lo que los grandes teóricos del desarrollo comunitario del siglo XXI plantean: que todos ganen.