Opinión

Ataques al Ejército, con propósitos políticos, no de justicia

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Módulo especial Ejército enfrentamientos Guerrero.

En una operación política que ya se veía venir de parte de los grupos extremistas que manipulan a los padres de los normalistas muertos en Iguala, y de los maestros de la Coordinadora en Guerrero, se quiere voltear la responsabilidad del crimen al Ejército.

El ataque al cuartel 27 de Infantería del Ejército en Iguala perpetrado el lunes, es la prueba de que estos grupos buscan tener muertos a manos del Estado, y además culpar a las Fuerzas Armadas del país por un asesinato masivo que cometió un gobierno apoyado por la izquierda.

Saben, y lo saben todos, que en cualquier lugar del mundo si se ataca un cuartel del Ejército la respuesta es armada. Afortunadamente privó la serenidad y la prudencia de los mandos en esa zona militar, y no se respondió a la agresión.

Los ataques con camiones, bombas molotov y cohetones al cuartel de la zona militar buscaban un enfrentamiento, para declarar que hubo una agresión de parte del Ejército a los padres de Ayotzinapa que buscaban a sus hijos.

Nacional e internacionalmente habría sido una 'bomba' agredir a los padres de los normalistas asesinados o desaparecidos, sin detenerse a ver que el ataque llevaba ese propósito deliberado: una reacción armada para poder acusar, al fin, al gobierno mexicano de genocida.

Como lo dijo el secretario de Marina hace un par de semanas, los padres de los jóvenes normalistas están siendo manipulados, y yo agrego que esa manipulación es por parte de la guerrilla y de los maestros de la CETEG, que es decir Morena.

El líder de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, no tiene ningún hijo desaparecido ni asesinado, es dirigente de la CETEG en Acapulco, y habla en nombre de “nuestros hijos”.

Otra de las líneas a que nos lleva esta intención de involucrar al Ejército, es exonerar a los grupos de narcos que participaron en la ejecución de los normalistas.

Además, resulta incomprensible que los padres de los desaparecidos y los maestros de la CETEG, si les interesa la verdad, no hayan exigido hasta hoy la comparecencia de los líderes y dirigentes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que son los que mandaron a los jóvenes a Iguala, a la boca del lobo.

Cualquier persona que busque la verdad exigiría que los directivos de la Normal explicasen cuál fue el motivo por el que mandaron a estudiantes de primer ingreso a robar camiones y lanzarse a más de dos horas de Ayotzinapa a encontrar la muerte.

La CETEG no busca la verdad, sino objetivos políticos, y entre ellos está deslindar a José Luis Abarca, alcalde de Iguala ungido por López Obrador y por el conglomerado PRD-PT-MC para llegar a ese puesto.
Ante esta embestida contra el Ejército, que tiene una inocultable carga de perfidia, el gobierno federal está obligado a decir toda la verdad, sin importar el pacto de Los Pinos en que se acordó no criminalizar a los normalistas.

A los normalistas caídos obviamente no, pero a quienes los mandaron a chocar con las mafias del gobierno de Iguala aliada al cartel de Guerreros Unidos, debe aplicárseles la ley y no garantizarles impunidad.

Si había ligas entre los directivos de Ayotzinapa con el cartel de Los Rojos, debe saberse.

Y si existe, como todo indica, colusión entre el ERPI y el narcotráfico, también debe saberse.

Twitter: @PabloHiriart