Opinión

Armonización legislativa: ¿oportunidad perdida?

María Teresa Aguilar Álvarez Castro*

El 12 de marzo pasado venció el plazo para que los Congresos locales reformaran su legislación para hacerla compatible con los contenidos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación.

En esa fecha, casi todos los Congresos habían aprobado reformas al respecto. Únicamente Oaxaca, Baja California Sur y Sinaloa no lo hicieron a tiempo. Estos dos últimos estados la aprobaron unos días después y Oaxaca, como siempre, a la fecha no da luces de que el Gobernador presente siquiera una iniciativa en su Congreso.

Cien organizaciones de la sociedad civil agrupadas en El Ojo Ciudadano nos dimos a la tarea de analizar el contenido de cada una de las reformas aprobadas para determinar si los Congresos locales cumplieron o no con su obligación.

Nuestra metodología: revisamos en cada una de las leyes locales que fueron reformadas si se contemplaban de manera correcta o incorrecta los 16 temas que, en nuestra opinión, son los esenciales de la reforma educativa federal (concursos para el ingreso y promoción de docentes; que no sólo los normalistas de cada estado puedan participar en los concursos; evaluación de desempeño obligatorio; que se pueda despedir a los que no se evalúan; faltan tres veces a sus labores sin causa justificada o no pasan la evaluación a la tercera oportunidad, etc.). Para mayor información www.elojociudadano.org

El análisis arrojó que hay 3 estados que hicieron su tarea con excelencia (Jalisco, Puebla y Tamaulipas). Hay estados que cumplieron razonablemente bien (Colima, Chihuahua, Michoacán y Tabasco). En 8 estados hay que tener una alerta importante pues la reforma aprobada tiene problemas de omisiones clave en la armonización que es importante corregir (Baja California, Coahuila, Guanajuato, México, Morelos, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí).

Hay 6 estados que presentan graves problemas de armonización. Esto quiere decir que establecen disposiciones abiertamente contrarias a la legislación general (Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). En estos estados, urge tomarle la palabra al secretario Chuayffet en el sentido de que la Federación presente las controversias constitucionales necesarias para corregir las afrentas a la Constitución y a las leyes generales que se presentan en estas legislaciones.

Oaxaca merece especial atención porque ni siquiera modificó su legislación, en franca rebeldía al ordenamiento general y ante una incapacidad del Gobernador y de los partidos políticos para lograrlo.

Que a los “maestros” que toman las calles y a los funcionarios oaxaqueños que son sus cómplices no les quepa la menor duda: en Oaxaca las leyes generales, están vigentes y son perfectamente aplicables y exigibles por cualquiera, aun cuando no hayan armonizado su legislación local.

Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los estados? (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tabasco): los colocamos en una zona gris oscuro porque o no han promulgado sus leyes locales o habiéndolas promulgado, no están accesibles al público de manera eficiente.

Estos estados están en la oscuridad y no sabemos si los textos aprobados son buenos, malos o regulares. Exigimos a los Gobernadores de estos estados que sean más transparentes y eficientes en materia de acceso a la información. No es propio de una verdadera democracia que los Congresos hayan aprobado las reformas y el Gobernador no las promulgue a la brevedad o que, habiéndolas promulgado, sus sistemas de publicidad no estén lo suficientemente actualizados para que los ciudadanos podamos conocer cómo quedaron las leyes. En esta época no es suficiente emitir ciertos diarios oficiales físicos, sino que ya es absolutamente indispensable que estén accesibles en Internet de manera inmediata.

Los ciudadanos continuaremos vigilando la implementación de la reforma educativa en éste y en todos los demás temas. Ojalá no sólo seamos las organizaciones civiles quienes lo hagamos, sino que los padres de familia se involucren en este tema lo suficiente como para exigir una mejor educación para sus hijos. Sin los padres de familia, esta reforma educativa está en riesgo de diluirse.

Estamos ante una oportunidad histórica para hacer que la reforma educativa no sea una reforma de papel. Cambiar las leyes en este país poco sirve para cambiar la realidad. La reforma educativa se dará hasta que llegue al salón de clases; hasta que nuestros niños reciban la educación de calidad a la que tienen derecho. Ojalá que no sea otra oportunidad perdida para México.

*Coordinadora de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero.

www.mexicanosprimero.org

Twitter: @Mexicanos1o