Opinión

Arma de doble filo

    
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Guerrero, violencia, homicidios

Las cifras oficiales publicadas en mayo confirmaron lo que ya se veía venir desde principios de año: la violencia está en sus peores momentos, y 2017 podría ser el año con más homicidios en la historia reciente del país. La violencia ha aumentado en prácticamente todos los estados. Sin embargo, mientras en algunas entidades federativas el incremento ha sido relativamente moderado (en Jalisco, por ejemplo, los homicidios dolosos aumentaron 28 por ciento al comparar los primeros cinco meses de 2014 con igual periodo de 2017, y en Nuevo León el aumento fue de 23 por ciento), en otras el aumento ha sido francamente dramático (en Veracruz los homicidios dolosos prácticamente se triplicaron de 2014 a 2017). Ante este panorama crítico, las autoridades de todo el país ya tienen un chivo expiatorio: el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP). Más precisamente, los funcionarios han identificado como responsable de la ola de violencia a que, en el marco de dicho sistema, se eliminara la prisión preventiva oficiosa para las personas que son detenidas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Ciertamente, las nuevas disposiciones han propiciado que en algunos casos delincuentes de alta peligrosidad queden libres después de ser aprehendidos. Por ejemplo, hace apenas algunas semanas fueron liberados en Morelos 11 presuntos delincuentes que habían sido aprehendidos en posesión de armas de alto calibre. Los detenidos, además de sus posibles vínculos con el grupo conocido como Guerreros Unidos, amenazaron a los elementos de la Policía Estatal de Morelos que los detuvieron. Sin embargo, que haya casos en los que el sistema acusatorio ha sido aprovechado para liberar criminales peligrosos no implica necesariamente que el nuevo sistema sea responsable del repunte en la violencia, como lo han sugerido ya varias autoridades federales y estatales. Ésta es una mera hipótesis, que ni siquiera ha sido evaluada, pero que, a fuerza de ser repetida, ya es un lugar común.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Fue con la implementación de dicho ordenamiento que surgió la oportunidad para que las personas detenidas por portación de armas de alto calibre pudieran ser liberadas. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales fue implementado de forma escalonada en las 32 entidades del país entre noviembre de 2014 y junio de 2016. Si el NSJP fuera efectivamente la causa del aumento de la violencia esperaríamos que los incrementos en los homicidios ocurrieran después de la entrada en vigor en cada estado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los datos no parecen indicar que éste haya sido el caso.

De los estados donde más aumentaron los homicidios al comparar 2014 con 2017, varios casos importantes refutan la hipótesis respecto al NSJP como principal detonador de la violencia. En Guerrero, por ejemplo, los homicidios aumentaron de forma importante, año con año, a partir de 2014; sin embargo, las nuevas disposiciones en materia de prisión preventiva oficiosa no entraron en vigor sino hasta junio de 2016 (es decir la tendencia se observaba desde años atrás). De forma similar, en Veracruz –donde las nuevas disposiciones entraron en vigor en abril de 2016– los homicidios ya habían aumentado de forma alarmante a lo largo de los dos años previos. Los casos de Colima y de Guanajuato son similares. En Puebla, otro de los estados donde más aumentaron los homicidios dolosos en los últimos tres años, la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de prisión preventiva oficiosa tuvo lugar desde noviembre de 2014. No obstante, en este caso una hipótesis alternativa –más persuasiva en mi opinión– es que el repunte de la violencia se debió el crecimiento del mercado de combustible ilícito.

Es necesario un análisis más sistemático para determinar si el NSJP ha tenido un impacto sobre la incidencia de homicidios dolosos (y, en su caso, cuál fue la magnitud de dicho impacto). Sin embargo, podemos descartar que el NSJP sea el principal responsable de las nuevas crisis de violencia que azotan al país; si acaso, es sólo uno entre varios factores que han contribuido a dicho repunte.

Si se demuestra que las nuevas disposiciones han tenido un impacto negativo, restablecer la prisión preventiva oficiosa para la portación de armas de fuego podría ser una medida que se justifique en el actual contexto de crisis. Sin embargo, la prisión preventiva es un arma de doble filo. Mientras los policías y los agentes del Ministerio Público se dediquen a detener en flagrancia a personas con armas o personas con droga (y tal vez a sembrar armas y droga); mientras no sean capaces de investigar y acreditar otras conductas delictivas más relevantes, ni de localizar a los responsables (no sólo detenerlos en flagrancia), seguiremos de mal en peor.

Twitter: @laloguerrero

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