Opinión

¿Arde México?

Enfrentamos en nuestro país, sin duda, la peor crisis política después de los desafortunados hechos de 1968 en los que un número aún indeterminado de estudiantes perdieron la vida al enfrentarse en forma pacífica a las huestes del presidente Díaz Ordaz y su secretario de gobernación, Luis Echeverría, ambos de infausta memoria.

¡Cómo han cambiado los tiempos! En aquel entonces, 1968, los estudiantes marchaban en forma pacífica por las calles y eran brutalmente agredidos por las fuerzas policiacas. Ahora no es extraño ver a manifestantes encapuchados que agreden a las fuerzas públicas y éstas soportan los embates estoicamente sin la intención manifiesta de defenderse ¿Quiénes son los agresores que golpean policías, saquean comercios y violentan –en ocasiones brutalmente– la paz pública? ¿Responden a la legítima indignación por los hechos de Ayotzinapa, tal como lo señalé en mi artículo sobre este tema hace 15 días, o a intereses inconfesables cuyo propósito es perturbar la paz y derrocar al gobierno? ¿Cómo puede justificarse el prender fuego a la puerta principal del Palacio Nacional y dejar impune este acto criminal que indigna a toda la sociedad?

La intranquilidad no sólo invade al estado de Guerrero. Tamaulipas es un polvorín, Oaxaca está tomado por los “maestros” de la CNTE ante la manifiesta debilidad de Gabino Cue, su gobernador, y el Estado de México padece las consecuencias de los desafortunados hechos de Tlatlaya en la que perdieron la vida 22 personas a manos del Ejército, nuestra institución más respetada. Michoacán y Ciudad Juárez están en el difícil proceso de recuperación de las severas crisis política y de seguridad por las que han atravesado y en donde ha dejado su espantoso tufo el crimen organizado y los narcotraficantes que operan en su interior. Van por buen camino, Tijuana puede servirles de ejemplo.

Difícil panorama enfrentan las autoridades y en particular nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Este último ha pasado de una etapa de admiración y respeto por parte de una porción significativa de la sociedad debido a las profundas reformas que propuso al iniciar su sexenio, a otra de un severo cuestionamiento a su autoridad y capacidad en vista a la forma en que ha atendido –o desatendido– los graves problemas que menciono arriba y a señalamientos de corrupción en proceso de aclaración. Las voces que piden su renuncia son cada vez más frecuentes, incluyendo algunas de prominentes líderes de opinión. Una declaración contundente por parte del presidente, parece obligada. Debemos escucharla con toda atención.

¿Quién gana y quién pierde frente a lo que puede ser una delicada desestabilización del país? ¿Qué consecuencias tendría el inevitable enfrentamiento entre quienes desean preservar el orden establecido y los que intentan destruirlo? Llegado el caso, ¿cuáles serían las consecuencias políticas, sociales y económicas que provocaría un movimiento desestabilizador que alcanza su objetivo? ¿Cuáles son los verdaderos propósitos de la CNTE y hasta donde pretende llegar? ¿Nos dice algo lo sucedido en Egipto?

Requerimos un cambio, sin duda. No podemos continuar con el raquítico crecimiento económico incapaz de generar los empleos dignos que necesitamos; ni con la deficiente educación que padecen nuestros niños y jóvenes; ni con la rampante corrupción que nos invade; ni con la violencia que nos priva de nuestra libertad; ni con la pobreza y la desigualdad que lastima a nuestro país.

Insisto en lo que muchos hemos propuesto desde tiempo atrás: construyamos un pacto a partir de la sociedad en el que involucremos a la clase política y a través del cual, en forma conjunta, definamos metas a alcanzar, plazos para su cumplimiento y rendición permanente de cuentas. Luchemos por fortalecer y no debilitar a nuestras instituciones.

El Pacto por México dio frutos –de él emanaron reformas de gran calado– pero insuficientes. Lo hicieron los políticos y se olvidaron de la sociedad. Para ellos, aparentemente, la sociedad no existe. Poco les duró el gusto y el promisorio acuerdo terminó abruptamente por discrepancias entre quienes lo habían promovido, los partidos políticos.

Cambiemos las reglas del juego y seamos ahora, la sociedad, quienes tomemos la iniciativa. No es posible alcanzar la unanimidad, pero intentemos que una gran mayoría esté de acuerdo con su contenido y acepte actuar en consecuencia.