Opinión

Apoyo a Pymes integral, no sólo en algunas dependencias

 

En aras de la congruencia entre los pronunciamientos de gobernantes y la realidad, muchas acciones tendrían que ser modificadas si lo que se quiere es ir a fondo en el fortalecimiento y atención a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas del país responsables de, casi, ocho de cada diez empleos formales en la nación.

Congruencia entre el discurso político que las reconoce como fundamentales en el que hacer económico nacional y lo que sucede en la economía real. Hablemos del caso de una empresa que ha pedido no ser identificada.

Esta empresa consigue, gracias a la labor de investigación de su director general, un producto que, derivado de la proteína vegetal, resultaría fundamental para atender ciertos “desórdenes mentales”. No cura pero mejora condiciones.

El científico forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y antes de lanzar un producto al mercado comprueba los beneficios que tiene en pacientes.

Pues resulta que con la idea de que estos productos puedan ser usados en determinados hospitales el investigador propuso su inclusión en el tratamientos de personas con ciertos desordenes comenzando por la depresión.

La respuesta dejó frío al pretenso. Le pidieron un millón de pesos para correr un protocolo de investigación que durante un año pudiera comprobar si el producto del científico efectivamente producía alivio entre los pacientes.

Ese millón de pesos sería destinado al soporte de los trabajos de investigación y corroboración del estado de salud de los participantes en el protocolo. Pero eso era sólo el principio. Sería requisito también el conceder gratuitamente el producto necesario para soportar el protocolo para 100 pacientes durante un año.

O sea que el asunto le costaría a la Pyme mexicana un total aproximado a los dos millones 80 mil pesos. Un millón para los gastos derivados del protocolo y otro millón 80 mil pesos que representa lo que se tendría que aportar “en especie”, en producto, para la realización del protocolo, el tratamiento gratuito para 100 pacientes durante un año.

En cuanto al dinero, nadie supone que se trata de un “moche”. Se asume que será legalmente utilizado el recurso.

La respuesta es obvia. La Pyme no tiene un millón de pesos para el soporte de un proceso de investigación y tampoco podría participar en la entrega de un millón de pesos en producto durante 12 meses. La Pyme se quedó con las ganas de que su producto fuera certificado en su eficiencia o recomendado por médicos del sector salud.

En paralelo varios pacientes y familiares de ellos conocen del producto de este científico y lo usan. Insistimos en que el producto no cura, pero mejora la condición del paciente.

La recomendación de los médicos es que se evite su uso ya que “no está comprobada la eficiencia”. Lo cierto, dicen quienes lo consumen, es que su uso produce beneficios que ellos, los pacientes, manifiestan.

Finalmente se trata de un producto “natural” y su uso, si no hace bien, mal no hace. Pues los médicos se molestan porque este producto es consumido y prohíben su uso. Los pacientes y familiares lo frecuentan en “lo oscurito”.

La sentencia es contundente: tienen que dejarlo de usar pues no está comprobado el beneficio.

El asunto acaba siendo un vericueto muy complejo de cursar. Una Pyme no puede costear un protocolo como tampoco le puede ayudar el Sector Salud Federal. Seguirà en la clandestinidad. Así de fácil. Tan tan.