Opinión

Aplicar la ley

 
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Los dirigentes de las secciones 9, 18 y 22 de la CNTE anunciaron movilizaciones en apoyo a los maestros de la CETEG. (Cuartoscuro)

El extraordinario avance que han registrado las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), particularmente en las redes sociales, ha concientizado a la ciudadanía de la magnitud de la corrupción y la pobreza ideológica existente entre los partidos políticos en México, dos añejos fenómenos, que entre otros problemas estructurales a los que se enfrenta el país, no han permitido abatir la ingente pobreza y el elevado nivel de desempleo y, en consecuencia, tampoco se ha logrado un crecimiento económico sostenible y duradero que propicie mejores condiciones de vida de la población.

La respuesta de quienes son descubiertos en actos de corrupción ha sido cínica y, en general, no se han visto inhibidos para continuar realizándolos en virtud de la impunidad del sistema de impartición de justicia vigente y la complicidad que tienen con diferentes autoridades. Sin embargo, en algunos sectores de la población existe la expectativa de que la situación en la materia pudiera empezar a modificarse por la aprobación en la Cámara de Diputados en febrero pasado de un dictamen para crear un Sistema Nacional Anticorrupción que fue enviado para su eventual aprobación al Senado y a las legislaturas estatales, que aún está pendiente.

Los puntos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción se refieren a el fortalecimiento de las facultades de revisión de la Auditoría de la Federación (ASF); el incremento de tres a siete años de la prescripción de actos de responsabilidad administrativa, creación de un tribunal especializado de justicia que sancione a particulares y servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves; la extinción de dominio (recuperación de bienes o activos) en los casos graves de enriquecimiento ilícito; y levantamiento de los secretos bancario, fiscal, fiduciario y bursátil de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, principalmente.

En este contexto, el exconsejero presidente del IFE, Carlos Ugalde, considera que llevará años crear una infraestructura institucional, incluyendo la capacitación de personal especializado para que el sistema funcione. Por otra parte, analistas políticos se muestran escépticos en cuanto a su aplicación dado que hay fuertes intereses de grupos en mantener el statu quo.

En relación a la “baja calidad” y falta de honestidad en un buen número de políticos mexicanos, estas características se han acentuado en muchos de los candidatos de los partidos que competirán en los comicios intermedios de junio próximo.

En este sentido, se observa un claro deterioro en cuanto a su experiencia en la política y el oportunismo con el que están actuando para lograr una curul. Obviamente esto sucede porque los partidos los apoyan y, a su vez, éstos están vinculados con intereses políticos y económicos, incluyendo a organizaciones criminales, que utilizan este canal para alcanzar sus propósitos. Asimismo, la autoridad electoral ha perdido credibilidad por no actuar enérgicamente contra las prácticas ilegales de las que se valen los partidos y los candidatos para ser seleccionados y contra sus campañas frecuentemente tendenciosas y agresivas (descalificación de los partidos y de los candidatos). Los costos de las elecciones nacionales, comparados a nivel internacional, son altamente onerosos y con resultados pobres; además, el uso de recursos en las mismas no es transparente.

Un aspecto del sistema de elecciones que constantemente se cuestiona es el esquema de legislaturas plurinominales debido a que es costoso e innecesario; aún más, entorpece los procesos legislativos en el Congreso; las legislaturas plurinominales resultan anacrónicas ante la nueva posibilidad legal de que los legisladores puedan ser independientes (sin afiliación a un partido) y también reelegirse; lo cierto es que la figura plurinominal sólo ha servido para reciclar a políticos caducos y/o los que requieren esta investidura para tener fuero para no ser juzgados por algún delito.

En el marco de los comicios intermedios preocupa la amenaza de los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) apoyados por los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa de ese estado y otras organizaciones antigubernamentales, detrás de las cuales esta Morena (que es el brazo partidarista de la CETEG y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de no permitir las elecciones en ese estado, amenaza que también se ha manifestado entre la disidencia magisterial de Michoacán y Oaxaca, principalmente, lo que deslegitimaría el proceso comicial en el país. La idea “es elegir a los representantes de manera directa, a través de usos y costumbres sin credencial o instituciones públicas que intervengan en esa elección”.

El objetivo de la disidencia magisterial es desestabilizar la vida institucional de México para que en medio del caos Morena llegue al poder en 2018 con su mesiánico líder Andrés Manuel López Obrador (AMLO); de hecho, las intenciones de voto de Morena revelan que se está convirtiendo en una fuerza electoral relevante. El gobierno federal tiene la última palabra: aplicar la ley, respetar la Constitución y frenar de tajo los actos vandálicos y amenazas contra la democracia.

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