Opinión

¿Aplicación de la ley o impartición de justicia?

Existe una frase que se atribuye al Presidente Benito Juárez y que retrata muy bien lo que ocurre con la procuración e impartición de justicia en México: “A los amigos justicia y gracias, a los enemigos la ley a secas.” Esta frase – de la cual existen muchas versiones- en realidad muestra la manera en que la impartición de justicia puede ser manipulada para favorecer determinados intereses cercanos al poder, algo que se ha observado en la historia mexicana desde sus orígenes y que aún ahora, llena de oprobio a la población afectada que no encuentra justica ni tampoco, la aplicación de la ley a secas. En días recientes, en una entrevista que concedió a Radio Fórmula el Sr. Alejandro Martí, dijo que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en su conjunto, han actuado de manera antipatriótica en lo que toca a la impartición de justicia. Y es en este entorno, que cabe preguntarse si dicho poder –de quien incluso se ha cuestionado dicha calidad en algunos momentos de la historia- ha cumplido con su responsabilidad constitucional de impartir justicia. El texto constitucional establece de manera clara las funciones del Poder Judicial Federal en sus artículos 103, 104 y 105, mismos que se ven reproducidos más o menos de manera similar en las constituciones de los estados. Sin embargo, estas disposiciones parecen estar incompletas, ya que se limitan a enumerar los objetivos que debe alcanzar la función jurisdiccional y no así, establecer la meta de sus acciones. La meta final de los poderes judiciales en el mundo debe ser la de “impartir justicia” y no solamente la aplicación de la ley. Hay que recordar que la ley es como tal un texto general y abstracto que prevé situaciones impersonales, pero que deben de ser tomadas en cuenta para la solución de los conflictos concretos. El órgano facultado para dicha solución es el poder judicial y, sin embargo, dicho poder en muchas ocasiones es un mero técnico aplicador de la ley en los términos aprobados por los legisladores sin entrar a un estudio particular de cada caso en específico. Existen múltiples casos en que criminales confesos han salido a la calle por cuestiones de tipo técnico-jurídico en que jueces, magistrados e incluso ministros, han realizado la función de aplicar la ley, pero no de impartir justicia. Es verdad que se trata de un conflicto entre dos valores jurídicos que parecen estar en conflicto, pero es en eso en lo que estriba el verdadero trabajo de quienes administran la justica: Definir cuál de los valores en juego es superior al otro y, pareciera que en muchos casos se ha preferido privilegiar la aplicación de la ley sobre la impartición de justicia. Los jueces tienen la facultad de interpretar la voluntad de la ley para así tomar sus decisiones pero en muchos casos, renuncia a dicha atribución –tal vez para no asumir responsabilidades. En el contexto actual del México sumido en una crisis en que lo que no existe el “estado de derecho”, es lamentable que el poder judicial de manera inexplicable abdique de su verdadera función para quedar como un simple “aplicador de la ley” y no un impartidor de justicia, que es lo que México y los mexicanos reclamamos. En el momento crítico y de definiciones que vive México, es indispensable que se replanté el rol del poder judicial en la construcción de un nuevo paradigma que conlleve a un estado de derecho que hoy no tenemos y que se traduce en muertes, impunidad y corrupción. Quien quiera que sea el nuevo Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de la Nación, debe entender que el estado de urgencia en el país, es de justicia, de equidad y sobre todo, de confianza en nuestras instituciones. Ojalá que estén a la altura de las necesidades que el país demanda, de lo contrario caeremos en una crisis aún más profunda y más difícil de resolver.