Opinión

Aplica Corte criterio salomónico en caso Alestra

03 mayo 2017 5:0
 
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SCJN

Podría pensarse que la sentencia recientemente dictada por la Segunda Sala de la Corte en el asunto de Alestra, marca un derrotero en la confrontación que desde hace algunos años se ha venido dando entre el derecho de autor y la libertad de expresión en Internet. En este caso, a través del IMPI se dictaron medidas provisionales que ordenaban a la telefónica suspender el servicio de Internet del sitio “mymusic.com”, señalado como responsable de permitir bajar música sin autorización de sus legítimos titulares.

Para entender el contexto en que esta decisión se enmarca, es necesario regresar al 2011, cuando el Senado se negó a ratificar el ACTA, que en su momento nuestro país firmó por conducto del Ejecutivo. Este tratado internacional incluía la obligación a los proveedores de Internet de suspender servicios a los sitios identificados como ilegales por poner a disposición obras protegidas por el derecho de autor, cuando los titulares así lo solicitaran. El punto de discusión estribaba en adoptar medidas restrictivas sin la existencia de un juicio previo seguido ante autoridad competente, que pudiese calificar la infracción.

Hechas las consultas del caso, el Senado decidió no aprobar el ACTA, por considerar que conceder esta medida representaría una clara transgresión de los principios constitucionales que defienden el derecho de audiencia, y de manera particularmente significativa la libertad de expresión, esto es, no permitir que bajo el argumento de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual se impusiera una limitación al libre flujo de información en la red.

Este recurso extraordinario que se ha pretendido implementar en diversos tratados y legislaciones, para poder frenar el abuso de obras protegidas en el entorno de Internet y redes sociales, ha escalado en algunos países europeos, pero ha fracasado en otros intentos como PIPA, SOPA y ACTA, y la discusión sigue abierta.

Por esta razón, la decisión que debía redactar el ministro Pérez Dayán tenía un enorme significado. Era, de los asuntos relevantes, el primero que permitiría conocer, en la dimensión de nuestro derecho interno, hasta donde es factible implementar medidas extremas para “bajar” sitios que estuviesen traficando ilegalmente con música, películas o textos.

Al final, podríamos decirlo así, la determinación logra un interesante balance entre ambos extremos, ya que considera ilegal la medida que ordena suspender el servicio a este tipo de sitios, cuando existan “otros contenidos” que se puedan considerar legales. Lo cuestionable de la resolución es que, de manera muy simple, cualquier sitio ilegal podrá evadir medidas restrictivas con el simple recurso de tener alojados algunos contenidos legales o “libres”. De esa manera, el proveedor de Internet no podrá ser obligado a acatar la orden de impedir que, por ejemplo, las canciones ilegales sean restringidas, porque técnicamente no pueden aplicar selectivamente la medida. Al final, una buena decisión conceptual, que es una muy mala decisión práctica.

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