En 2006, al conocer los resultados de las elecciones, los simpatizantes de López Obrador acusaron a decenas de empresas de ser parte del fraude electoral en su contra. Hacían bloqueos en las oficinas corporativas o tomaban tiendas de autoservicio para boicotear productos de marcas asociadas con esas empresas para presionar a que se realizara un recuento "voto por voto, casilla por casilla".
El competido escenario del 2018 representa nuevamente un riesgo muy alto para muchas empresas mexicanas y extranjeras. En los últimos meses de campaña, cuando la contienda se polarice, partidos políticos y candidatos buscarán atacar a sus adversarios con temas que pueden involucran a compañías de muchos rubros. Los escándalos del pasado serán muy útiles para deslegitimar a un candidato que como funcionario público haya recibido un donativo, otorgado un permiso de construcción o asignado una licitación. Si una empresa está en un rubro que pueda ligarse a una campaña política, como pueden ser los bancos que emiten tarjetas de regalo, o compañías cuyos productos se ven en mítines políticos (refrescos, golosinas, accesorios promocionales), habrá quién la señale como simpatizante de un candidato y serán juzgadas en el marco de un ambiente político cargado donde el objetivo sea generar escándalo y no la búsqueda de la verdad.
Las compañías pueden tomar las siguientes acciones para reducir el riesgo de ser arrastradas al debate político de la contienda electoral:
1.- Hacer un inventario de temas riesgosos que puedan afectar a la empresa para tener la información completa y correcta a la mano y, de ser necesario y conveniente, reaccionar de manera inmediata ante una acusación. ¿Hay algo –un permiso, una licitación o un pariente cercano a un candidato- que pueda ser usado por un político para asociar a la empresa con un contrincante y desprestigiarlo?
2.- Agudizar la intuición de manera que la empresa piense como un ente político para analizar si la declaración, evento o acción corporativa que pretende realizar puede ser considerada como respaldo a un candidato o gobierno. ¿Es necesario llevarla a cabo? ¿Puede vivir hasta el 1 de julio sin realizarla? ¿Alguien se beneficia políticamente de lo que la empresa haga?
3.- Dominar el impulso de sacar ventaja política de un evento, lanzamiento o inauguración y preguntarse si es necesario tener la presencia de un funcionario público de alto nivel. Con toda la razón, las empresas desean generar buena voluntad de las autoridades cuando revelan una inversión o inauguran una planta. Pero estos eventos son oportunidades para el posicionamiento político de las autoridades que las pueden usar para demostrar que tienen el respaldo del empresariado y atraen inversiones y/o para atacar a contrincantes. Al ofrecer esa plataforma, la empresa ganará un aliado y varios enemigos.
4.- Cuidar al presidente y directivos en sus participaciones y declaraciones sobre los escenarios del resultado final de las elecciones. En la lógica de la campaña de miedo contra López Obrador, que un ejecutivo señale que la presencia o inversión de su empresa está en riesgo será interpretada como una declaración anti AMLO y si dice que independientemente del resultado la empresa seguirá invirtiendo en México restará puntos a José Antonio Meade.
5.- Valorar la comunicación interna como herramienta para mantener a los empleados enfocados en las tareas a pesar de la incertidumbre de la elección pero al mismo tiempo cuidar lo que se comunica. Ya no hay comunicados internos. Lo que una empresa dice a sus empleados es una expresión pública y fácilmente puede ser compartida en redes sociales y generar cobertura de medios de comunicación.
6.- Recurrir a la Cámaras o Asociaciones para que definan el posicionamiento del gremio reducirá la presión sobre las empresas de manera individual y evitará su desgaste, pero hay que tener presente que ante un ataque específico una compañía debe emprender su propia defensa para tener más credibilidad.
Las elecciones del 2018, a nivel federal y estatal, pueden exponer a muchas compañías a situaciones difíciles en un ambiente enrarecido y turbulento. Las empresas deben verse como un actor político y desarrollar planes que les permitan enfrentar escenarios que aseguren su capacidad de operar y continuar creciendo después de las elecciones del 1 de julio.