Opinión

Anticorrupción, con la intención no basta

Casi dos años después de haber iniciado la administración del presidente Enrique Peña, parece que los partidos políticos por fin se sentarán a analizar la conformación de una Fiscalía –o como quieran llamarle– anticorrupción.

Pero una de verdad, con dientes, con facultades para iniciar procesos penales y no sólo inhabilitaciones; que pueda ser un dique para contener los ánimos patrimonialistas que muchos funcionarios, de todos los niveles, demuestran en el ejercicio de su (i) responsabilidad.

A propuesta del PAN, el PRI reaccionó favorablemente, lo cual indica que ya es un asunto negociado o por lo menos platicado, o el tricolor, en aras de recomponer la relación con los blanquiazules, está dispuesto a conceder en el tema.

César Camacho y Manlio Fabio Beltrones, que no son nada fáciles para la negociación, aceptaron de buena manera –y a la primera– la propuesta panista.

Nomás falta que la aterricen este año porque pueden pasar otros dos y las cosas seguir igual.

Aquí sí, con la intención no basta.

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Ahora que el PRD decidió ponerle lupa a la selección de candidatos a puestos de elección popular, no estaría mal que se fijaran no sólo en los casos de supuestas ligas con la delincuencia organizada, sino en toda clase de “fichas’’ que se les cuelan y no pasa nada.

Por ejemplo, los llamados “luchadores sociales’’, que generalmente invaden propiedad privada y que luego son considerados “héroes’’ por el partido a tal grado que alcanzan diputaciones y presidencias municipales que les sirven más adelante para legalizar los terrenos invadidos.

O los candidatos producto de negociación de las tribus que se niegan a dejar los cargos pese a ser evidentes infractores de la ley, como el exdelegado en Tláhuac, Rubén Escamilla Salinas, quien solicitó favores sexuales a una trabajadora que buscaba ser basificada.

Y lo mismo para todos los partidos políticos.

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Por cierto, aún no dan el banderazo de arranque y ya algunos suspirantes –de cualquier partido–, andan a las carreras.

Tal es el caso del diputado perredista Carlos Hernández Mirón, señalado de ser “el delfín” del exdelegado y exdiputado Higinio Chávez García, en cuya administración florecieron como hongos los asentamientos irregulares que hoy, dicen, el propio Hernández Mirón desde su posición de presidente de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la ALDF pretende regularizar.

¡Pero si eso no pasa en México!

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El Instituto Nacional Electoral certificó que las solicitudes del PRD y el PAN para una consulta popular cumplieron con los requisitos mínimos y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine su constitucionalidad o no.

El INE también le pondrá palomita a las solicitudes de Morena y el PRI. PRD y Morena proponen una consulta popular sobre la reforma energética, el PAN sobre el incremento al salario mínimo y el PRI para la reducción de 100 diputados plurinominales.

Vale la pena reiterar que el INE no “autoriza’’ consultas, simplemente certifica que los promoventes cumplan los requisitos de ley –2.0 por ciento del padrón electoral y 20 por ciento de una muestra aleatoria cierta–, el resto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sólo en el supuesto de que la Corte lo avale, la consulta se realizaría el día de la elección intermedia, el primer domingo de junio de 2015.
Para eso todavía falta.

Twitter: @adriantrejo