Opinión

Año y medio de Piratería

Como bien describe Adrian Johns al analizar la evolución de la piratería, desde la época de Gutenberg hasta Gates, el conjunto de fenómenos que se engloban bajo este concepto van bastante más allá de las usurpaciones metódicas de derechos de propiedad intelectual y alcanzan elementos definitorios de la cultura moderna misma, entre otros, a la autoría, a la autenticidad y a la credibilidad; de hecho, a las premisas en que se funda la actividad económica y el orden social.

Al pasar la información a convertirse en el componente esencial del orden cultural y en la mercancía clave de la economía globalizada, se ha incrementado notablemente la importancia de su control y su gestión. Este “insumo” ha sustituido la influencia económica de las fábricas del siglo XIX y la de la energía en el siglo XX, erigiendo al conocimiento y la creatividad en esa posición. La piratería representa, sin duda, la gran amenaza, el enemigo que aparece y desaparece con una facilidad tal que le hace elusivo a las continuas leyes y políticas de control.

En nuestro país, adicionalmente, las prácticas piráticas se nutren por hondas raíces que van desde las estructuras corporativistas de concesiones al comercio informal de la CROM, hasta la corrupción sistémica de los cuerpos policiacos. No es nuestro país caso único, grandes regiones en el mundo se identifican como zonas en las que los cárteles de la piratería operan y controlan redes eficientes de producción y distribución de bienes falsificados. En el caso de América Latina, ciudades como Curitiba en Brasil, Ciudad del Este en Paraguay y la zona libre de Colón en Panamá, son reconocidos puntos de suministro en los que es un reto encontrar un solo producto original en los circuitos comerciales.

Las aduanas, que se ha pretendido se convirtiesen en eficientes filtros para la detección de mercancías ilegales en su tránsito entre países, siguen mostrando serias inconsistencias; en el gran volumen de operaciones que cotidianamente verifican, no han podido encontrar un mecanismo que permita identificar qué productos son genuinos y cuáles son falsificados, o muy probablemente, cuando se logra la identificación existen otros estímulos para incurrir en la omisión. Eso, sin olvidar que el nuevo gran foro de la actividad ilegal de robo de derechos de autor hoy se gesta en Internet, y que muchos países están aún lejos de contar con un marco legal que inhiba la operación de sitios que trafican al margen de la ley con contenidos protegidos.

Si revisamos el mapa de legislación, políticas públicas y organismos dedicados a la lucha contra la piratería en el país, podemos fácilmente concluir que en su conjunto la suma es insuficiente. La Unidad Antipiratería de la PGR y el IMPI hacen grandes esfuerzos por confiscar mercancía ilegal y procesar los casos que son sometidos a su conocimiento, pero con las graves limitaciones presupuestales y de diseño que padecen, el resto del esquema en el Gobierno Federal y el Congreso se mantienen inamovibles, quietos, contemplativos, sin entender la gravedad de la corrosión que producen estas formas silenciosas de crimen organizado. ¿Alguien señala la urgencia de contar con una legislación completa en la materia?, ¿alguien pide dotar de recursos para la represión de estas formas de usurpación criminal?, ¿alguien plantea la necesidad de tener un plan de acción?

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