Opinión

Un año, obtener permisos
para construir: Alverde

Una de las prioridades del segundo año de gestión de Jaime Alverde al frente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) será que se reduzca la tramitología prevalente para poder iniciar la construcción de un inmueble. La burocracia es terrible, y el tiempo estimado promedio para obtener los permisos en una delegación del Distrito Federal, por ejemplo, va de ocho meses hasta ¡un año!, sin que la autoridad haya logrado reducirlos significativamente. De hecho, es tan oneroso el asunto, que las empresas que construyen edificios de vivienda, de oficina o centros comerciales, deben iniciar con tres años de anticipación sus planes, porque deben incluir el año de trámites.

Es gravísima la situación burocrática en la construcción, principalmente en el Distrito Federal, donde aparentemente Miguel Ángel Mancera está al tanto de la problemática y ya está tomando medidas al respecto. Cómo no será así, si la ADI comprometió invertir nueve mil millones de dólares en proyectos de gran envergadura durante su administración.
La ADI es una organización que se ha sofisticado con el paso de las décadas. Sus asociados han desarrollado inmuebles icónicos como Tecno Parque, la Torre Mayor o el centro Antara, y en este momento se encuentran trabajando en otros más, como Antara del Sur, el Toreo o la Torre Virreyes.

La empresa de Jaime Alverde, presidente de la ADI, es Grupo Gigante Inmobiliario, que actualmente se encuentra desarrollando Miyana, el segundo centro de usos mixtos (vivienda, oficina, comercial) más grande de la ciudad de México, sólo después de su vecino Plaza Carso. Miyana es un suceso comercial. En unas semanas empezará la comercialización de la tercera torre de vivienda, luego de que las primeras dos han sido un éxito.

Los desarrolladores viven una realidad compleja en el Distrito Federal. Cuando un proyecto de amplia magnitud se lanza para ser construido, la autoridad suele solicitar que se construyan también obras públicas de mitigación.

Eso le ocurrió, por ejemplo, a Sordo Madaleno, que tuvo que pagar el deprimido de la Av. Ejército Nacional –por debajo de Moliere–, para compensar la llegada de su exitoso centro comercial a la zona. No obstante, la ADI propugna porque los caros permisos que paga con cada proyecto representen verdaderamente ingresos para que la capital dote de infraestructura la zona del desarrollo, con agua potable, señalética, adecuaciones viales, etcétera, y no para que el partido en el poder reparta el recurso entre bases de votantes en delegaciones lejanas.

La ADI se extiende por el país. Hace semanas inauguró su capítulo en Guadalajara y ya prepara para abril su Real Estate Show, acaso el mejor aglutinamiento del sector desarrollador del país.

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