El agandalle en seguridad
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El agandalle en seguridad

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El agandalle en seguridad

05/09/2018
Actualización 05/09/2018 - 13:49

Diferenciar entre seguridad nacional y seguridad pública no es fácil, especialmente en un país como México, donde en la última década se han usado las corporaciones de seguridad nacional (como el Ejercito, Marina, Cisen) para ejercer funciones de seguridad pública. Podríamos debatir si las organizaciones criminales en México son EN VERDAD una amenaza lo suficientemente grave, ya sea por su capacidad de ejercer control territorial o su capacidad bélica o la extrema violencia que usan en las comunidades donde desarrollan sus actividades delictivas, para requerir la participación del Ejército.

En un país donde una organización criminal, en este caso Los Zetas, en Tamaulipas, asesinaron con palos y piedras a 72 migrantes, y meses después, en EL MISMO LUGAR, mataron a por lo menos 193 personas, la mayoría de los analistas concluirían que este grupo en particular es una amenaza a la seguridad nacional. Y las decenas y decenas de masacres que han sucedido en el país en la última década, donde más de 20 mil personas han sido “desaparecidas”, incluyendo los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en los últimos años, los asesinatos y amenazas a alcaldes, funcionarios públicos y candidatos a elección popular.

En cualquier país democrático, obviamente este tipo de situaciones se hubieran manejado dentro del ámbito de seguridad nacional, por las implicaciones que tienen las actividades de estas organizaciones en la integridad de la población y la amenaza a la gobernabilidad. El uso de las Fuerzas Armadas en estas situaciones es un reconocimiento que la amenaza es tal, que hay que usar sus recursos excepcionales, la última instancia de una nación, que son las Fuerzas Armadas. En México se usan los soldados y marinos como si fueran la única instancia.

Pero también hay que decirlo, no todas las organizaciones son amenazas a la seguridad nacional, y deberían de ser la policía civil, según la legislación nacional y acuerdos internacionales, la que enfrente la criminalidad. Y la falta de capacidad no es razón suficiente. Especialmente si va más de una década tratando de capacitar policías para ejercer funciones básicas en el ámbito de seguridad pública.

México vive un conflicto armado, por la capacidad bélica y control territorial que han alcanzado estas organizaciones que se dedican a actividades delictivas, y el gobierno ha sido incapaz de detenerlos y la clase gobernante se ha rehusado a reconocerlo. No hay otro país en el mundo, que vive la violencia y el impacto de organizaciones criminales, sin que se considere que es una nación que vive una guerra civil. Con la debilidad institucional que ha demostrado México, no sólo no se ha legislado apropiadamente cuándo deben de usarse las Fuerzas Armadas, sino que ha sido imposible en los últimos 12 años legislar para fortalecer las policías estatales y locales.

Es entendible que Andrés Manuel López Obrador declarara hace una semana que “por la situación de gravedad que prevalece en materia de inseguridad y de violencia, vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública”. Pero el error es que admite públicamente que las Fuerzas Armadas seguirán ejerciendo funciones por la incapacidad de la policía civil. No porque las organizaciones sean una amenaza a la seguridad nacional.

Y también hay que decirlo. La dificultad de legislar tiene que ver con protección de querencias y poderes locales, además, obviamente, la desconfianza que hay entre los políticos de favorecer la centralización y coordinación de las fuerzas policiales en un grupo político o gobernante.

Básicamente el problema fundamental por el cual las policías federal, estatales y municipales no han podido desarrollar una capacidad suficiente para empezar a confrontar organizaciones criminales, es por el agandalle político. De hecho, la única explicación que hay por la cual la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal se incorporaron a Gobernación hace seis años, fue por el agandalle del que sería el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. En su momento quería controlar todo. La estrategia de seguridad nacional y la estrategia de seguridad pública y todas las corporaciones responsables.

La pregunta ahora es si la propuesta de crear una supersecretaría de Seguridad es por ¿un problema de agandalle o por no entender las diferencias jurídicas, operacionales y sobre todo la necesidad de crear pesos y contrapesos entre seguridad nacional y seguridad pública?

Si legislan sin entender esta diferencia, van a fracasar. En seis años o se incrementa la violencia o continuarán usando las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.