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1 de diciembre de 2019

25/07/2018
Actualización 25/07/2018 - 12:23

Un año. Hace un año tomó protesta Andrés Manuel López Obrador. Y aunque el presidente continúa con niveles relativamente altos de aceptación, su percepción ante el público va en declive. Y no tiene nada que ver la velocidad para implementar los programas y reformas que prometió durante su exitosa campaña presidencial de 2018. La mayoría de las personas que votaron por él continúan apoyándolo, a pesar de los múltiples tropiezos que tuvo su gabinete por la falta de experiencia en el gobierno, incluyendo abiertos enfrentamientos entre ellos y ellas por diferencias en cómo implementar el ajustado Presupuesto para 2019.

No, el declive importante en popularidad que tuvo el presidente López Obrador tuvo que ver con la inseguridad, que continuó propagándose por todo el país. El gabinete de seguridad de López Obrador no pudo encontrar una fórmula política ni práctica de implementar una estrategia que les permitiera, a corto plazo, frenar la ola de violencia, y el fortalecimiento de grupos armados de toda índole incrementó su control territorial a 30 por ciento del país.

Parte del problema tuvo que ver con el tono y la discusión que se tuvo hace un año, cuando la que sería la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, realizó foros en los que se buscaba un proceso de 'pacificación del país' para que 'no se enfrente a la violencia con más violencia'. En este proceso se analizaron todas las posibilidades y la secretaria de Gobernación estaba convencida de la despenalización de la mariguana en todo su ciclo: siembra, trasiego y consumo; además también estaba persuadida de la despenalización de la amapola para la venta farmacéutica, logrando así, bajo la premisa de la tendencia y éxito internacional de legalizar y despenalizar, cerrar el círculo de la 'guerra y la violencia'.

El problema de estos foros es que se le puso poca atención a cómo enfrentar organizaciones criminales altamente violentas, dedicadas a otros delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible, tráfico de personas y de armas. Además, se crearon expectativas de que se legalizaría la siembra de la amapola, y cuando el Estado mexicano no les pudo cumplir inmediatamente, se incendió aún más el estado de Guerrero al incrementarse dramáticamente los cultivos y producción de heroína para exportación y consumo interno.

Y esto obviamente resultó en un recrudecimiento de la seguridad en la frontera, donde el presidente Donald Trump amenazaba con cerrar por días el paso de productos mexicanos por las diferentes garitas en la frontera. Esto sucedió en un momento en el que la economía de Estados Unidos ya estaba resintiendo el impacto por la guerra comercial que había iniciado un año antes con China. Para 2019, Donald Trump aumentó aún más su retórica anti-México, antimigrante, buscando la reelección en 2020.

Lo que inició como la imposibilidad para Grupo Bimbo de llevar productos a la periferia de ciertas colonias de Acapulco, porque sus repartidores habían sido víctimas de ataques de comandos del crimen organizado, se extendió a otras empresas que también tuvieron que seguir este ejemplo, pero dejando de entregar productos no sólo en Guerrero sino en otros estados como Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Guanajuato. El crimen organizado entendió que en esta coyuntura del primer año de AMLO era el momento perfecto para fortalecer y defender sus territorios. No había inteligencia para informar al gobierno de lo que estaba sucediendo, ya que el Cisen había sido desmantelado, la participación del Ejército y la Marina se había reducido a proteger sus cuarteles en el proceso de 'pacificación'. La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se colapsó en parte porque no había recursos, en parte porque fue tal la reducción de salarios y beneficios, que policías ministeriales y ministerios públicos renunciaron de manera masiva.

Además todo esto sucedió al tiempo que se volvió a reestructurar y crear la Secretaría de Seguridad Pública.

Con el asesinato y amenazas de candidatos y funcionarios que hubo antes y después de las elecciones de 2018, los gobiernos locales o trabajaban directamente con las organizaciones criminales o simple y llanamente se hacían de la vista gorda. Empezó a dispararse el número de mexicanos tratando de entrar ilegalmente a Estados Unidos pidiendo asilo político por razones de seguridad.

Y si esto no fuera poco, gracias al hecho de que el presidente Andrés Manuel se rehusó a aceptar la protección del Estado Mayor, se encontraron en su residencia intervenciones a sus comunicaciones y a sus habitaciones. No era claro si provenían de un gobierno extranjero o del mismo crimen organizado.

Sí, 2019 fue el año cuando el crimen organizado, por fin, se apoderó del país.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.