Opinión

Amparo: la disyuntiva del menor de los males

12 febrero 2013 7:10

 
En el debate sobre las reformas a la Ley de Amparo, el Congreso quizás tenga que elegir el menor de los males.
 
Uno de los grandes focos de discrepancia en la propuesta que probablemente hoy discuta y vote el pleno de la Cámara de Diputados, es sin duda el tema de la limitación a la obtención de suspensiones en un juicio de amparo por parte de los concesionarios de algún bien público, como en la telefonía, radio, televisión o transporte, por citar algunos casos.
 
Le recuerdo que cuando se promueve un amparo, en primera instancia el juez determina si debe suspenderse el acto de autoridad que motivó la petición de amparo en lo que se resuelve el fondo del tema en los tribunales.
 
Del dictamen, el capítulo que se ha objetado es el de la fracción XIII del artículo 129 de la Ley, que pretende establecer candados a la suspensión cuando "se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
 
Esto implica, de hecho, que las empresas que funcionan en regímenes concesionados verían limitada su capacidad para obtener una suspensión de los actos de autoridad, en tanto se resuelve el fondo de algún amparo que hayan promovido.
 
Frente a este hecho, las organizaciones gremiales del sector privado han manifestado su rechazo, argumentando que se trata de una regresión en contra de los derechos de las personas físicas o morales frente a los actos de la autoridad.
 
¿Qué es lo que hay en el fondo de esta propuesta de modificaciones?
 
Se trata de un cambio legal que claramente apunta contra las empresas que hacen uso de las suspensiones como un instrumento para impedir el cumplimiento de las leyes.
 
No es ningún secreto que uno de los sectores más litigiosos, si no el que más, es el de las telecomunicaciones.
 
De hecho, en ese sector, casi por regla, las resoluciones de la autoridad se objetan a través de la promoción de amparos que derivan en suspensiones provisionales o definitivas.
 
No hay que perder de vista que ya hay un antecedente en esta materia. En mayo de 2011, el pleno de la Corte señaló que en el caso de resoluciones de la Cofetel sobre tarifas de interconexión, no procede otorgar la suspensión en los juicios de amparo a las empresas que los promuevan.
 
Evidentemente, ha existido un abuso del recurso de la suspensión en los litigios de las telecomunicaciones como en ninguna otra industria.
 
Probablemente, el gobierno requiera este cambio legal para hacer efectivo el Convenio Marco de Interconexión o para blindar el proceso de licitación de frecuencias o cadenas de la TV digital abierta.
 
Sin embargo, sin duda los que reclaman un trato discriminatorio respecto a su derecho de ampararse tienen razón.
 
Habría dos varas de medida, según el sector de la economía en el que se encontrara el particular.
 
Por eso, le comentaba en un principio que seguramente el Congreso tendrá que optar por el menor de los males.
 
Si no le da luz verde a esta reforma, quizás el Estado pierda un instrumento para frenar a los poderes fácticos que realmente existen en el sector empresarial, como pueden ser Telmex o las dos grandes televisoras.
 
Pero, si se le da luz verde, entonces se hará mella en la equidad de los derechos de defensa frente a los actos de autoridad, uno de los pilares de todo nuestro sistema jurídico.
 
Hasta ahora no he visto una propuesta que logre conciliar los dos temas.
 
El hecho de que en la disyuntiva actual se tiene que elegir entre el menor de los males ha conducido a que no esté claro lo que hoy puede suceder en la Cámara de Diputados.
 
Veremos.
enrique.quintana@elfinanciero.com.mx