Opinión

AMLO les come el mandado a sus adversarios políticos

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A seis días de que concluya la primera mitad del sexenio, el debate en torno a una posible y necesaria reforma electoral sube de tono. Desde el Congreso hasta los propios partidos políticos, además de las cúpulas empresariales, se emiten diversas consideraciones y puntos de vista para regular principalmente el uso de los tiempos oficiales, así como la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación electrónicos como se hacía antes de la reforma del 2007.

Desde luego, el tema de promover a servidores públicos con
fondos públicos es un aspecto toral de ese nuevo marco jurídico que se pretende normar.

A seis días de que empiece el segundo periodo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya está definido el candidato presidencial de Morena y en los demás partidos se siguen las reglas internas de elección para en su momento, que puede ser demasiado tarde, ungir al abanderado que los representará en la elección presidencial del 2018.

El diputado Quirino Ordaz Coppel, del PVEM, observa que AMLO les está comiendo el mandado a sus adversarios y mientras que estos se ponen de acuerdo para construir “el piso parejo”, el tabasqueño ejecuta las acciones pertinentes para mantener su presencia en el espectro comercial a nivel nacional.

Mientras en el seno de los propios partidos políticos apenas se preparan para definir las reglas de su proceso interno para 2018, López Obrador tomó pista desde hace 15 años y ahora se apresta consolidar su presencia pública con los cientos de miles de spots, se habla hasta de dos millones, que se empezarán a pautar en las próximas semanas.

Así las cosas, los que aspiran a competir en la elección presidencial y que ya hicieron público su deseo, como Margarita Zavala, Miguel Ángel Mancera, Rafael Moreno Valle y otros que no lo dicen pero que a diario lo expresan en su actividad política, tienen que hacer gala de la paciencia y la prudencia para vincularse con la ciudadanía y que esta vea con simpatía su proyecto, el Peje cabalga campantemente hacia la culminación de su sueño: ser el próximo Presidente de México.

Por ello son crecientes las voces que a toda costa buscan una reforma electoral que impida que por un lado, Andrés Manuel continúe usando los tiempos oficiales, y por otro lado, Ricardo Anaya, del PAN, consolide su posicionamiento a través de la aparición en los spots de su partido.

En ese sentido, César Camacho reconoció que aunque no se han iniciado formalmente el intercambio de impresiones con otros partidos. Lo cierto, apunta, es que todos han expresado interés porque haya una reforma electoral que permita que los principios constitucionales de democracia electoral, como la imparcialidad, la objetividad y la equidad puedan concretarse en la legislación secundaria.

De suerte, dice el mexiquense, que sin que haya dedicatoria para ninguna persona del mundo político, me estás oyendo inútil, se logre equidad en la contienda. Habida cuenta que reformas de esta naturaleza pueden consumir algunas semanas o meses.

Desde luego el cambio al ordenamiento jurídico electoral que se debe buscar es a la legislación federal con miras al 2018 y no para los procesos electorales del 2016.

Lo que es un hecho es que el PRI, el PRD, el PVEM y Nueva Alianza buscan crear una agenda que los lleve a construir la reforma electoral, el problema es que ya arrancó la sucesión presidencial.

Ley de Transparencia, para el próximo periodo de sesiones. No obstante que los diputados cerrarán el primer periodo de sesiones a tambor batiente, ya que todavía programaron siete sesiones plenarias hasta el 15 de diciembre, la Ley de Transparencia no será aprobada en ese lapso, sino hasta el siguiente y es que, tal como lo señala el propio presidente de la Cámara Baja, es un tema que tiene que analizarse y revisarse con mucha responsabilidad. Verle sus distintas aristas, sin que esto signifique meterle frenos innecesarios. Hay que revisarla a fondo y ver como se vincula con todos los demás ordenamientos que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción, de Transparencia y de Rendición de Cuentas.

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