Opinión

Amenazas de papel

 
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Edificio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). (Cuartoscuro/Archivo)

Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN-PRD al gobierno de Veracruz, inició su campaña presentando una denuncia penal en contra del actual gobernador, Javier Duarte, por el presunto lavado de tres mil millones de pesos. A su vez, Manuel Espino, expresidente del PAN, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) darle seguimiento a la denuncia que hace tres años interpuso en contra de Yunes por presunto enriquecimiento ilícito.

El PRI presentó ante la Fiscalía de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra del gobernador de Querétaro, quien presuntamente estaría apoyando la campaña de Martín Orozco, candidato del PAN en Aguascalientes. Ahora el PAN considera presentar otra denuncia en contra del PRI por la grabación ilegal con la que sustentaron la denuncia contra Orozco.

La semana pasada el PRI presentó una denuncia ante la Fepade en contra del candidato del PAN en Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Dos días después el PAN presentó denuncia en contra del PRI por falsear información ya que una fotografía usada como evidencia estaba truqueada. El PRI reconoció falsedad de la fotografía, pero amplió sus acusaciones.

En Puebla el partido Morena presentó una denuncia en contra del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por repartir tinacos azules con el eslogan de su gobierno.

Las campañas transcurren entre propuestas, spots, guerra sucia en redes sociales y denuncias penales en contra de los adversarios (además de quejas ante el INE e incluso solicitudes de juicio político como aquella que AMLO pediría en contra de los consejeros electorales). Según la Fepade, en 2015 se presentaron cuatro mil 479 denuncias por delitos electorales (coacción o compra del voto, desvío de recursos públicos, condicionamiento de programas gubernamentales, alteración de materiales electorales), lo que prácticamente duplicó el número de años anteriores.

Los partidos presentan denuncias penales como método de propaganda. Muchas son frívolas y carecen de elementos probatorios. Con frecuencia los partidos anexan recortes de periódicos como pruebas y jamás les dan seguimiento porque no les interesa el resultado sino la fotografía y el micrófono al momento de acusar penalmente. Es común la imagen del denunciante afuera de la oficina de alguna procuraduría o de la Fepade, con la denuncia entre las manos, y flashes de fotografías retratando al acusador valiente.

Este aumento descontrolado de acusaciones penales con fines políticos provoca que se degrade el valor disuasivo de la cárcel. Además, se congestiona el sistema de impartición de justicia pues, mientras que los partidos utilizan a las instituciones judiciales como herramienta política, éstas se encuentran obligadas a investigar cada acusación, por frívola que sea.

Mientras tanto, no se conoce de consignaciones o sentencias en contra de delincuentes electorales. En los últimos 20 años, la mayoría de quienes pisan la cárcel por delitos electorales son por falsificar o alterar el padrón electoral o la credencial para votar, pero no se conocen de castigos en contra de quienes coaccionan el voto o desvían recursos públicos.

Cabe mencionar el traspié de la Fepade en noviembre pasado cuando solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde y entonces subsecretario de Gobernación, por presuntos delitos electorales cometidos en la pasada campaña electoral. Pero el fiscal Santiago Nieto habría filtrado la información, anunciado el hecho en una entrevista de TV y con ello violado el debido proceso. Muchos celebraron el hecho sin darse cuenta de que la autoridad debe ser escrupulosa en su actuación. Ahora el acusador es acusado e investigado por la propia PGR por violar la secrecía de datos contenidos en una averiguación previa. Y lo peor: ha dañado la credibilidad de la institución que encabeza. Si el ahora indiciado se encuentra culpable, será removido del cargo, mientras otros como Escobar disfrutan su libertad por una mala actuación de la autoridad.

Para empeorar el sistema de procuración de justicia en materia de delitos electorales, el Congreso mexicano ya creó su propia Comisión de Seguimiento a Procesos Electorales Locales 2016, integrada por diputados y senadores. Ya dieron a conocer un número gratuito 01-800 y abrirán un micrositio para que cualquier actor político o ciudadano haga llegar sus denuncias, fotografías, videos o cualquier otro material que permita reportar anomalías en los procesos electorales del 5 de junio.

¿Y entonces para qué existen las fiscalías, los tribunales y tanta burocracia que los propios partidos han creado para fomentar la legalidad de los procesos electorales? Los órganos electorales autónomos fueron justamente creados para evitar la interferencia de los partidos en la organización y administración de elecciones, pero al crear comisiones de seguimiento se consiguen dos fines perversos: por una parte, politizar la supervisión de las campañas y generar un mecanismo de presión sobre las autoridades electorales; y segundo, suplantar en los hechos algunas funciones que deben realizar los órganos electorales.

Una de las pocas cosas positivas de la reforma electoral de 2014 fue una nueva Ley General de Delitos Electorales. Por lo que se ve, no hay avances y sí mayor estridencia sin consecuencias. Tenemos puras amenazas de papel.

Twitter: @LCUgalde

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