Opinión

Alternancia y cárcel

     
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DUARTE.

La oferta política es irresistible para el electorado. La promesa de meter a la cárcel al gobernador en funciones en caso de ganar la elección es una veta de oro que a partir de 2013 se ha vuelto una moneda de cambio para quien triunfe en los comicios.

Así ocurrió en Tabasco, Nuevo León, Sonora y posteriormente en Veracruz y Quintana Roo, y está por suceder en Chihuahua.

En cuanto los nuevos gobernadores asumieron el cargo como tal, su primera tarea fue perseguir a su antecesor hasta meterlo a la cárcel. Sin importar que las acusaciones no estén debidamente sustentadas como fue el caso de Rodrigo Medina.

Sin embargo, este silogismo político judicial representa innumerables riesgos para aquellos que ejercen el poder, particularmente de gobernador y, por qué no decirlo, hasta de presidente de la República.

La ecuación es muy sencilla: Soy candidato, prometo meter a la cárcel al gobernante en turno, ganó y cumplo mi promesa, independientemente si es culpable el acusado.

El hartazgo, la poca credibilidad y los innumerables casos de corrupción que se han dado principalmente en el ámbito de los mandatarios estatales, han provocado una auténtica tirria de la ciudadanía en contra de los políticos.

Bajo esta lógica diremos que cuando hay alternancia habrá persecución y hasta reclusión para aquel que deja el poder.

Vamos a imaginar que en 2018 hubiera alternancia en Los Pinos; que, por ejemplo, ganara López Obrador. ¿Cuál sería una de sus primeras tareas a realizar?

Este dulce que han puesto los candidatos en las promesas de campaña es demasiado peligroso, ya que se viola el Estado de derecho y los propios derechos fundamentales del acusado, amén de que se presta para toda clase de revanchas y venganzas.

La alternancia no necesariamente debe significar acribillar a los que se van y en este sexenio se ha puesto de moda esta práctica que puede convertirse en un búmeran de proporciones incontrolables.

El empoderamiento de la gente y el activismo incontrolado de las redes sociales son otros ingredientes de este coctel molotov que provoca que los exmandatarios sean vistos como culpables en cuanto dejan el poder.

Se debe castigar efectivamente a aquellos que transgreden las leyes, pero no debe ser una regla generalizada que se da sin distinción.

Por otro lado, aunque suene contradictorio, cuando no ocurre la alternancia como es el caso del Estado de México, seguramente Eruviel Ávila podrá dormir tranquilo por el resto de sus días ya que Alfredo del Mazo jamás lo tocará, no obstante que hay indicios suficientes sobre desviación de recursos, lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que serían motivo suficiente para que un gobernador de oposición de inmediato pudiera acusar y buscar que se libren las órdenes de aprehensión respectivas.

En este caso en particula, tendrá que valorar el próximo gobernador de la entidad mexiquense si solapa las fechorías de su antecesor o si cumple con los auténticos reclamos de justicia que le exigirán sus paisanos. No fue una promesa de campaña, pero el deber es el deber.

Las acciones preventivas de control sobre el ejercicio del presupuesto cada vez son más férreas, amén de las nuevas reglas de operación en cuanto a la contratación de deuda que hacen los municipios y los propios gobernadores; sin embargo, todo será inútil y ninguna auditoría o esquemas anticorrupción servirá mientras el funcionario que dispone de dinero público carezca de todo un bagaje de valores éticos y morales.

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