Opinión

Alimentando a la voraz bestia del gasto público


 
En Estados Unidos comienza una lucha encarnizada alrededor de temas relacionados con el gasto público. Independientemente del “cierre del gobierno”, de “techos de endeudamiento” o de presupuestos anuales, en el fondo hay una discusión esencial que tiene que ver con el rol que debe tener el gobierno en la economía. Siendo muy simplistas, el Partido Demócrata cree que el gobierno debe tener un papel fundamental en ésta, y los republicanos creen que mientras más pequeño sea el gobierno, mejor. En la lógica de estos últimos, el gasto público es una especie de bestia que busca crecer y perpetuarse desarrollando dependencia, acaparando todo recurso y marginando cada vez más al sector privado. Ven a los impuestos como una simple transferencia de dinero del bolsillo de una empresa capaz de invertir, crear empleos, innovar y generar riqueza, al del gobierno, quien lo gastará sin eficiencia alguna y, en el extremo, incluso lo utilizará para alimentar la fidelidad de su clientela.
 
 
De ahí que una estrategia válida, desde el punto de vista conservador, sea buscar a toda costa reducir el flujo de ingresos fiscales del gobierno, con el único objetivo de forzarlo a ser eficiente por simple inanición. En esta narrativa, los gobiernos no tienen incentivo alguno para buscar eficiencia; nada más fácil que gastar dinero ajeno.
 
 
Hace algunos meses, el tema que dominaba en los medios de información era el embargo del gasto público estadounidense. El llamado sequester comenzó el primero de marzo y redujo en 85 mil millones de dólares el gasto discrecional del gobierno (es decir, fuera de partidas presupuestales ya preasignadas) en forma arbitraria. El presidente Obama dijo ese día (http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/2013/03/01/president-obama-makes-statement-sequester) que el embargo descarrilaría la recuperación económica de Estados Unidos, afectaría a cientos de miles de familias y provocarían la pérdida de 750 mil empleos. Siete meses después podemos afirmar que el embargo no se ha sentido, e infinidad de dependencias gubernamentales simplemente se vieron forzadas a cortar despilfarro para proteger gasto realmente prioritario. Se corrobora que hay mucha tela de dónde cortar en términos de gasto público y que las ineficiencias son escandalosas. Se confirma también que los gobiernos no se aprietan el cinturón solos, requieren de crisis políticas o económicas que los fuercen.
 
 
Esto nos lleva a la reforma fiscal en México. ¿Si hay enorme ineficiencia en el gasto estadounidense, cuánta habrá en México? Sin negar que la recaudación fiscal en nuestro país es particularmente baja, incluso comparándola con el resto de América Latina, resulta cuesta arriba apoyar nuevos impuestos cuando tan poco del presupuesto público va a dar a donde debe: generación de infraestructura, administración de justicia, educación pública, etcétera. ¿Cómo defender los 4.4 miles de millones de pesos que recibirán los partidos políticos en 2014 o los 8.3 miles millones del IFE? Como punto de referencia, el gasto de todos los partidos políticos en la elección de 2010 en el Reino Unido fue de 655 millones de pesos. ¿Cómo justificar un presupuesto educativo que se gasta primordialmente alimentando al voraz sindicato? ¿Cómo convencer a los mexicanos de su obligación de pagar impuestos a pesar de los grotescos niveles de corrupción en todos los niveles de gobierno?
 
 
Por si fuera poco, ahora este gobierno nos dice que hay que abandonar la disciplina fiscal que ha imperado durante tres sexenios para “estimular” la economía, permitiendo un déficit fiscal mucho mayor. Este es un error garrafal. No sólo sientan un pésimo precedente, que nos pondría seriamente en riesgo si un político populista llegara al poder, sino que además están matando el inminente ascenso en la calificación crediticia que la deuda mexicana estaba por recibir. Las calificadoras entienden que el alza temporal del déficit se convertirá en permanente. Acepto apuestas de quien quiera en el gobierno de que este sexenio terminará con un déficit fiscal de cuando menos 2.5 por ciento del PIB, pues nunca habrá un momento idóneo para cerrarlo. El mejor estímulo económico provendría de mejores calificaciones de crédito que reduzcan el costo de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas, más aún, la forma más fundamental de estimular provendría de dar muestras claras de que México pretende fortalecer su Estado de derecho para proveer certeza jurídica a los inversionistas, de articular cortes que funcionen sin necesidad de ser “aceitadas”, de ofrecer seguridad y certidumbre. Por otro lado, es cuestionable el impacto económico de cobrarle más impuestos a quien trabaja para transferirlo a quien no trabaja, mediante seguros de desempleo y pensiones vitalicias con un costo que crecerá exponencialmente.
 
 
No me cabe duda de que los países ganadores en este siglo serán aquellos que logren altos niveles de eficiencia en el gasto público, porque hay partes importantes de éste que serán absorbidas por provisión de salud con tecnología crecientemente efectiva, pero exponencialmente más cara, a poblaciones más viejas y con mayor esperanza de vida. Los Estados tendrán que responder con educación e infraestructura a las dos enormes revoluciones que enfrentamos: la de procesos de digitalización de manufacturas (impresoras de tercera dimensión, etcétera), y la energética (shale gas y América del Norte sustituyendo a Medio Oriente como la gran región proveedora de energía para el mundo). Es muy peligroso caer en la tentación de incrementar el déficit fiscal o ahogar a la economía con nuevos impuestos, como reacción reflejo a mayores necesidades de gasto. Siempre, siempre hay que empezar por cerrar las llaves del despilfarro. Urge que este gobierno dé muestras claras, no cosméticas, de que está dispuesto a hacerlo.