Urge nueva ley de propaganda oficial
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Urge nueva ley de propaganda oficial

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Urge nueva ley de propaganda oficial

11/10/2018
Actualización 11/10/2018 - 13:25

El pasado 11 de mayo, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que entrará en vigor la Ley General de Comunicación Social a partir del 1 de enero de 2019.

En este ordenamiento, que también es conocido como la Ley de Publicidad Gubernamental, se prevé que sea la Segob la que designe los tiempos oficiales para la contratación de campañas de comunicación social y la integración del Padrón Nacional de Medios de Comunicación.

El reclamo de la sociedad y la misma promesa de campaña del presidente Peña Nieto, de tener el andamiaje jurídico que regule el manejo discrecional del presupuesto de publicidad del gobierno federal, no se atendió y sólo se aprobó una ley muy limitada que de ninguna manera responde a esa petición social.

Esta ley no cumple con lo ordenado en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de precisar acciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Tampoco se mencionan los límites al gasto de publicidad ni el porcentaje máximo de ésta a los medios de comunicación, para no favorecer a nadie; no se emitieron las reglas para evitar que se utilice como mecanismo de presión sobre los medios y los periodistas.

Esta norma adolece de los criterios que favorezcan la libertad de expresión y que la publicidad no se utilice para ensalzar a los servidores públicos mediante una simulada cobertura, que responde más a la publicidad pagada.

Por ello, ya desde ahora se escuchan voces en el Congreso para derogar la ley y emir otra que sí contemple todos los aspectos que exige la sociedad. La demanda es también de los medios de comunicación y por supuesto del nuevo gobierno, quien se ha pronunciado al respecto desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, el diputado Pablo Gómez (Morena), y seguramente otros legisladores harán lo mismo en los siguientes días, presentó una iniciativa que expide la Ley General de Propaganda Oficial, a fin de evitar el uso de recursos públicos para la promoción personal y eliminar el incremento a partidas destinadas a la publicidad durante el ejercicio presupuestal.

“El propósito es impedir que entre en vigor una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de la anterior legislatura; esa ley es una tomadura de pelo”, advierte el exlíder estudiantil.

Se trata de no sólo limitar el gasto en propaganda, precisa el diputado, sino que esta cumpla con la norma constitucional, que señala que está prohibido publicar anuncios en forma de noticias, lo que es algo que realizan todos los gobernantes. “Está prohibida la propaganda personalizada, ya sea con nombre, símbolo, cara alusión cualquiera de un servidor público”.

Aseguró que hay gobernadores que todos los días aparecen en los periódicos de la capital del país, pues “pagan con dinero que no es suyo”, lo que está prohibido por la Carta Magna. “En este proyecto estamos presentando un sistema de propaganda oficial que también distribuya el tiempo de radio y televisión del Estado entre las entidades federativas, y que las partidas de propaganda no se puedan incrementar durante el ejercicio”, agregó.

La expectación que existe en el sector de los medios de comunicación es mayor en razón de que exigen definiciones en torno a los criterios para asignarles publicidad, que éstos sean transparentes y equitativos, y que el Gobierno del presidente electo no los tenga amenazados, como se ha hecho en los gobiernos priistas y panistas.

Es tiempo de que las reglas del juego cambien en favor de la democracia, del derecho a la información y de la libertad de expresión.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.