En la búsqueda de la cuarta transformación se va a trastocar la Carta Magna a tal nivel que, dentro de seis años, será una totalmente diferente a la hoy vigente.
Tan sólo para darle legalidad a la Guardia Nacional se tendrán que modificar 13 artículos constitucionales: 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123; y claro, en otros temas que López Obrador requiera para apuntalar su proyecto de nación.
La relevancia de la Constitución del 17 radica en que fue el primer documento en la historia en incluir los derechos sociales, convirtiéndose en el prototipo para otros países, mismo que valió un universal reconocimiento.
Cierto, ya es costumbre que el gobierno entrante emprenda una gran transformación constitucional. El sello reformista del gobierno de Enrique Peña Nieto no ha tenido antecedentes en otras administraciones. Fueron de tal calado las 14 reformas estructurales que por ello se distinguió ante otros presidentes. Qué tanta relevancia e impacto han tenido en la vida pública y en el bienestar de los mexicanos, es algo que el tiempo esclarecerá.
Ahora la LXIV Legislatura empieza a trabajar a marchas forzadas para emitir nuevas leyes y generar con ello cambios constitucionales, empero se han hecho al vapor, lo que permitirá, por los amparos y los fallos de la Corte, dejarlos sin efecto.
En más de cien años, la Constitución Política de 1917 ha sufrido más de 200 modificaciones de fondo, y ciertamente hay conceptos jurídicos, plasmados en varios artículos, que no se les ha movido ni una coma, como la no reelección del presidente.
Claro, hay artículos que merecen una preponderancia aparte, como el Primero, que habla de las garantías constitucionales; el Tercero, el derecho a recibir educación, laica, gratuita y de calidad; el Quinto, sobre la libertad de ejercer el trabajo que se le acomode, siendo lícito; el Sexto, sobre la manifestación de ideas; el Séptimo, la libertad de difundir opiniones e información a través de cualquier medio; Decimosexto, la protección al individuo, "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones"; el 24, la libertad de culto religioso; el 35, sobre derechos democráticos y participación ciudadana en el gobierno; el 39, sobre la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo; y el 123, que otorga el derecho a toda persona por un trabajo digno.
En el periodo de transición del nuevo gobierno ya se violó la Carta Magna en varios aspectos, lo que deriva en un litigio. La consulta popular que dio pie a la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un evidente ejemplo de ello. A partir del 1 de diciembre, se espera que se detonen los amparos por el arbitrario acto de autoridad de AMLO.
Lo que están esperando los abogados es precisamente que López Obrador sea el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para entonces proceder conforme a derecho.
Han dicho algunos legisladores de Morena y próximos funcionarios del gobierno de AMLO, que todos los impedimentos constitucionales que obstruyan la cuarta transformación se van a modificar, como por ejemplo lo relativo a las atribuciones del Banco de México para fijar las comisiones bancarias o disponer de las reservas internacionales, o como dijo el diputado Mario Delgado, quitar los candados al 35 constitucional para hacer las consultas populares a modo.
Para ellos, el orden constitucional se hace a modo de quien ostenta el poder, ignorando la razón por la que se gestó y desconociendo la propia historia de México, o más aún, sin importar que se pisoteen los derechos fundamentales.