Tal vez más angustiados por cumplir en tiempo un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a 20 días de que termine el periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados avaló, con 205 votos a favor y 168 en contra, la Ley General de Comunicación y su minuta fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
El Poder Legislativo tiene prisa, es cierto, pero la verdad es que el documento aprobado no cumple con los criterio que la SCJN le solicitó en este tema, pues la iniciativa adolece de reglas que precisen acciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y el hecho de que haya 168 votos en contra deja mucho que desear en los argumentos esgrimidos por quienes respaldaron el proyecto.
Aunque en descargo de los diputados, diremos que por la contienda electoral resulta un milagro que hayan alcanzado un acuerdo para impulsarla.
Hace aproximadamente un mes, en este espacio nos referimos al apremio que existe en el Congreso por atender un mandato del Poder Judicial, en el sentido de emitir una ley reglamentaria del párrafo octavo, del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental, y señalamos que en las bancadas parlamentarias existían coincidencias para acatar el resolutivo antes del plazo establecido, el 30 de abril del año en curso.
También señalamos la existencia de una propuesta respaldada por las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, quienes en conjunto hacen mayoría simple, lo que quedó demostrado al desechar seis iniciativas de los grupos opositores.
Diputados del PAN, Morena, PRD, MC y PES cuestionaron que la Corte ordenó al Congreso emitir una ley de publicidad gubernamental y no una de comunicación social, y que en la propuesta aprobada no se impuso un límite de gasto ni un porcentaje máximo para no favorecer a un grupo reducido de medios.
Incluso Jorge Álvarez Máynez, de la bancada de Movimiento Ciudadano, bautizó la minuta como #LeyChayote, por considerar que no regula el gasto gubernamental en materia de publicidad y, por el contrario, abre espacios para el uso a discreción de estas partidas presupuestales.
Por la fracción de los diputados del PRI, Arturo Huicochea afirmó que en la elaboración de esta ley se tomaron en cuenta a organizaciones sociales y las propuestas de todos los partidos políticos, en tanto que Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que con esa ley se está dando cumplimiento a una sentencia judicial.
Ya hay una ley, una mayoría legislativa ya le dio el visto bueno, y de alguna manera esta acción respondería, aunque a medias, al requerimiento de la SCJN. El asunto es que será ahora el Senado el que determine si avala o no lo aprobado por la colegisladora, y si como se asegura ni los mismos integrantes de la Cámara alta están de acuerdo con esa minuta, lo más seguro es que en los próximos días la discusión se atore en la pileta de Poncio Pilatos. Es decir, todos se lavaran las manos para evadir su responsabilidad.
En cualquiera de los casos no estaría mal que los senadores resuelvan algunos puntos torales de la ley: precisar porcentajes en el gasto público de los rubros destinados a la propaganda gubernamental; que no se utilicen como mecanismos de presión sobre los medios de comunicación y periodistas; que favorezca la libertad de expresión; que la publicidad no sea para campañas personalizadas o que favorezcan a partido político alguno, entre otros puntos que tendrán que atender. De no hacerlo, lo más seguro es que el próximo round de este debate ya no sea entre sus pares, sino en el ring de los magistrados de la SCJN.