Reglamentar gobiernos de coalición
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Reglamentar gobiernos de coalición

25/01/2018
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El análisis de cada escenario de los partidos tras la elección de 2017. (Especial)
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Tuvieron que pasar cuatro años para que integrantes del Poder Legislativo se acordaran que en la charola de los pendientes está el dar seguimiento a la reforma que en materia político-electoral aprobaron en 2013, en la que se asoma la figura de los gobiernos de coalición.

La urgencia y el interés por retomar la referida reforma constitucional sin duda emerge por el abstencionismo, que en los últimos años se ha reflejado en los procesos electorales, y por la necesidad de obtener la gobernabilidad que permita que se aprueben los grandes temas legislativos, así como los acuerdos de relevancia a nivel nacional.

“Todos con México”, “Por México al Frente” o “Juntos Haremos Historia” son las fórmulas que se disputarán la silla presidencial, y en el eventual triunfo de alguna de ellas, porque también hay candidatos independientes, se da por hecho que en México se inaugurarían los llamados gobiernos coaligados.

Como recordamos, después de su aprobación en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y el visto bueno de más de la mitad de los congresos estatales por tratarse de una reforma constitucional, la reforma en materia de régimen de gobierno fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, y en ella se establece la figura de gobierno de coalición, por el que podrá optar el presidente en cualquier momento de su gestión, después de haber firmado un convenio con los partidos políticos y obtenido la aprobación del Senado.

Otros mecanismos para este nuevo régimen, son la construcción de una coalición parlamentaria, la repartición de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo hacia los partidos de oposición y la aprobación del gabinete por parte del Congreso.

En el transcurso de estos cuatro años, el PAN impulsó de manera infructuosa lo que en otros países se conoce como la segunda vuelta electoral, que no es otra cosa más que constituir gobiernos con amplio consenso social; es decir, que si en una elección el candidato triunfante no alcanza más del 50 por ciento de los votos emitidos, él y su partido se verán obligados a una segunda vuelta contra el segundo más alto en los sufragios, por lo que para alcanzar una mayoría amplia se ven forzados a hacer alianzas electorales con las fuerzas políticas minoritarias y establecer convenios bajo la figura de gobiernos de coalición.

Segundas vueltas electorales las vimos en recientes procesos electorales de países europeos, como fue el caso de Francia, pero también en Latinoamérica, como sucedió en Perú y Argentina. En el caso de México, las bancadas legislativas no mostraron el interés suficiente por ese modelo electoral y el tiempo legal para una reforma de ese tipo se agotó, pero al parecer también ya se agotó el presidencialismo y la gobernanza de un solo partido, de ahí que el tema de los gobiernos de coalición tiendan a dominar las agendas de los grupos parlamentarios rumbo al último periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura.

Hace unos días el jefe del Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, apuntó de que en las próximas elecciones “los ciudadanos tendrán la oportunidad de tener un gobierno de coalición que termine con el presidencialismo”, y desde esa óptica urgió al Legislativo por “dejar claro cuál es el objetivo de un gobierno de coalición, ya que actualmente cada quien tiene una idea distinta”, y apuntó que “hay varios modelos de gobierno de coalición”.

La figura de gobierno de coalición no es una ocurrencia de nadie y menos una idea novedosa que haya salido de la chistera, no, ya está en nuestra Constitución, como ya lo citamos, sólo falta reglamentarla. Luego entonces es deseable que el tema se analice, se debata y con puntualidad se defina porque falta un poco más de cinco meses para el 1 de julio; y mientras esperamos que esto suceda en el Legislativo, ya se hacen apuestas para ver qué coalición partidista es la que va a ganar y cómo van a construir un gobierno, acción esta última que seguirá después de la jornada electoral.

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