Publicidad gubernamental, a rendición de cuentas
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Publicidad gubernamental, a rendición de cuentas

COMPARTIR

···

Publicidad gubernamental, a rendición de cuentas

14/03/2018
Actualización 13/03/2018 - 22:18

Queja común de la ciudadanía y gran parte de los actores políticos es el frecuente señalamiento en el sentido de que el gobierno federal realiza gastos exorbitantes en materia de comunicación social con fines partidistas y sin una norma que regule los rubros presupuestales en la materia. Por ello resulta relevante que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados del Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), hayan presentado una iniciativa de Ley General de Comunicación Social.

La propuesta responde en los hechos a un pendiente que tienen los diputados y que incluso ya fue observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, el 15 de noviembre de 2017, ordenó al Congreso de la Unión que, a más tardar el 30 de abril, emitiera la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, cuyo gasto debe realizarse con base en criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

En la argumentación, durante la exposición de motivos ante el pleno del recinto de San Lázaro, la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, expuso que se trata de una propuesta que responde a la exigencia ciudadana de regular no sólo lo relativo a la publicidad en tiempos electorales, sino que incluye todo lo relativo a la propaganda gubernamental.

La legisladora Guillén Vicente destacó que se trata de una ley vanguardista, en la que “se asegura el acceso a una información completa, oportuna, veraz y, por supuesto, al manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad del Estado mexicano”.

Los objetivos propuestos se suman a otras iniciativas, como la que hace un par de semanas presentó la diputada federal de Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldívar Paz, quien planteó garantizar “la imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos y la neutralidad de los poderes públicos, así como evitar cualquier forma de intervención de estos en los procesos electorales y la promoción personalizada de servidores públicos con fines personales y político-electorales”.

La iniciativa que presentó el PRI fue turnada para su dictamen correspondiente a la Comisión de Gobernación. Aunque el proceso para su aprobación apenas ha iniciado, se da por hecho que, además de cumplir con el plazo establecido por la SCJN, será aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya que por tratarse de una ley secundaria será suficiente una mayoría simple a la hora de votar el dictamen.

Así las cosas en el Congreso de la Unión, aunque por criterios políticos y electorales es improbable que en la presente legislatura transiten los temas que requieran una votación de mayoría calificada, de dos terceras partes. Sin duda será una buena señal que el Poder Legislativo, por lo menos, evitará entrar en confrontación, por desacato, con el Poder Judicial.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.