La Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos está plagada de inconsistencias legales, al tiempo de reflejar diversas contradicciones con otras normas vigentes, es ambigua y contradictoria; con ello quedaron en evidencia, por su torpeza, los legisladores que la promovieron y la votaron.
Más allá de inconsistencias en la redacción (como el establecimiento de sanciones en salarios mínimos y no UMAS, así como la referencia al Distrito Federal en lugar de la CDMX), esta ley es confusa, ya que establece que los salarios se determinan de manera anual y no podrán ser modificados en un mismo ejercicio; sin embargo, la entrada en vigencia el 6 de noviembre abre la posibilidad de que se sancione, en lo que resta de 2018, a quienes autoricen o reciban remuneraciones por arriba del tope que se ha estimado en 108 mil pesos para el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, genera incertidumbre entre servidores públicos, en particular los encargados de autorizar el pago de salarios, quienes no tienen certeza si pueden ser sancionados por cumplir sus obligaciones actuales.
Algunas interpretaciones ya han adelantado que la entrada en vigencia en noviembre, abre la posibilidad para que se determine un nuevo tabulador de remuneraciones con el salario presidencial vigente; es decir, el del presidente Peña Nieto.
La entrada en vigor de esta ley debería haber esperado al 1 de enero de 2019.
Aunque la ley pretende regular a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los jueces y magistrados federales se encuentran protegidos por el artículo 94 constitucional, en el que se establece que no se podrá disminuir su remuneración durante el encargo.
Este 'nimio detalle' lo habrán considerado los legisladores de Morena, que por cumplir las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador hicieron una ley al vapor y con inconsistencias que abren la puerta a una lluvia de amparos.
Es previsible que se amparen los funcionarios públicos, no sólo los trabajadores del Poder Judicial, en razón de que se afectan sus derechos laborales y se viola el criterio de progresividad en los salarios.
La pérdida del capital humano de calidad, es otro factor que impacta en la propia operatividad del Estado, sólo hay que mencionar que en instituciones como Pemex y CFE, que compiten con empresas transnacionales, tendrán serias dificultades para retener a su personal especializado, que puede encontrar mejores condiciones laborales en el sector privado.
Claro, para el discurso populista esto no importa, lo relevante para ellos es que hay que acabar con la alta burocracia.
La fuga de cerebros se haría extensiva a otras dependencias, cuyos trabajadores no encuentren incentivos para mantenerse en el sector público.
En el caso particular del Poder Judicial, resultará poco atractivo para los especialistas del derecho apostar por la carrera judicial (que requieren una licenciatura en derecho, así como maestrías y doctorados de alta especialización), cuando pueden recibir mejores ingresos como litigantes privados.
Son múltiples las inconsistencias en la citada ley. Otro caso sería que al incrementar los salarios de personal de base y sindicalizados, podría ocurrir el caso de que un subalterno (jefe de departamento, por ejemplo) reciba una percepción mayor a la de su superior jerárquico (subdirector). Esto a pesar de que la propia ley asegura que la remuneración debe ser proporcional a la responsabilidad del puesto.
Si AMLO pasó por alto la inconstitucionalidad de todo el proceso de cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues qué se puede esperar de los legisladores morenistas que, la mayoría por ignorancia y la minoría por perversidad, están legislando en razón de intereses ajenos al bien de la nación. Son de pacotilla, diría el clásico.