Si se trata de romper paradigmas, AMLO lo hará con la agenda legislativa de su primer año de gobierno, aunque su implementación ocasionará en algunos rubros, como el educativo, más problemas de lo que pretende corregir o solucionar.
Después de una reunión con senadores y diputados electos, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, dio a conocer 14 iniciativas que enviará al Congreso una vez que asuma el poder, todas encaminadas –dijo– al cumplimiento de sus promesas de campaña, entre las cuales están la de crear la SSP; tipificar como delito grave la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral; trasladar al Estado Mayor Presidencial a la Sedena y revocar todo lo que tiene que ver con la reforma educativa.
En conferencia de prensa, AMLO anunció que enviará al Congreso, bajo la modalidad de iniciativas preferentes, temas que tienen como fin acabar con la impunidad y corrupción, pero sobre todo con los privilegios y que se recorten los salarios de los altos funcionarios. Dio a conocer también que se va a desgajar la administración del gobierno federal, que se van a fusionar áreas y otras van a desaparecer porque, dijo, hay demasiada burocracia.
Informó que en el proyecto de Presupuesto del próximo año ya vendrá contemplada la eliminación de las pensiones para los expresidentes, y si han trabajado en la administración pública, tendrán derecho a otro tipo de prestaciones; también se contempla un incremento a los salarios de los maestros, más allá de la inflación.
Ya no habrá áreas de comunicación social en las dependencias, se va a centralizar todo en Presidencia y se van a eliminar los delegados federales en los estados.
Estas son las iniciativas con un apunte que se ampliará en próximas colaboraciones:
• Ley Reglamentaria sobre Salarios Mínimos (viable y necesaria)
• Creación de la Secretaría de Seguridad Pública (fundamental).
• Abolición de fueros y privilegios (loable).
• Nuevos delitos graves: corrupción, robo de combustibles y fraude electoral (loable).
• Trasladar al Estado Mayor a la Secretaría de la Defensa Nacional (de alto riesgo).
• Revocar decretos sobre privatización del agua (requiere mayor discusión).
• Revocar leyes de la reforma educativa (craso error de terribles consecuencias).
• Incorporar al artículo tercero constitucional el derecho a la educación superior (loable, pero inviable).
• Quitar las trabas para la consulta popular (populismo).
• Reformas sobre aumento al salario mínimo en la frontera (equidad).
• Ajustar la administración al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base (populismo).
• Presupuesto y Ley de Ingresos (no hay recursos para la carta a los reyes magos, salvo si se quiere subir impuestos o endeudarse).
• Revocación de mandato (viable y necesaria).
Iniciativa preferente:
Cabe señalar que la modalidad de iniciativa preferente fue introducida en la reforma política de 2012.
De acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá enviar al inicio de cada periodo ordinario de sesiones dos nuevas iniciativas al Congreso de la Unión, o señalar hasta dos que haya presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Con esta figura se pretende que el presidente defina libremente sus prioridades.
Las iniciativas de ley que se envíen al Congreso bajo la modalidad de preferentes deberán ser discutidas y votadas por el Pleno de la Cámara de origen en un plazo máximo de 30 días naturales. En caso de ser aprobada, pasará de inmediato a la cámara revisora, la cual deberá discutirla y votarla bajo las mismas condiciones de tiempo.
Estas leyes deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación en tan sólo dos meses.