Impunidad ante asesinatos de periodistas y candidatos
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Impunidad ante asesinatos de periodistas y candidatos

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Impunidad ante asesinatos de periodistas y candidatos

31/05/2018
Actualización 31/05/2018 - 11:44

En el maldito proceso electoral han muerto 82 políticos y seis periodistas. Estos, en lo que va de 2018.

El más reciente comunicador asesinado fue Héctor González Antonio. Antes, Alicia Díaz González, de esta casa editorial.

También cayó Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ejecutado en su domicilio hace 20 días, en Villahermosa, Tabasco.

Lo más patético es que en todos los casos prevalece la impunidad.

Parecería que van en dos rieles paralelos las muertes de políticos y de periodistas. Sin embargo, hay un punto en donde confluye el crimen organizado y la lucha por el poder.

Desde este momento ya se definieron varias elecciones con un resultado en contra de los candidatos fallecidos, quienes al final de cuentas ya no llegaron al 1 de julio.

Por ello, no es de extrañarse el retiro de candidaturas en todo el país, por miedo a morir.

En cuanto a los periodistas la cosa está peor, en virtud de que al silenciarlos se acota a la propia democracia y se mellan las capacidades del Estado.

Todas las instancias de gobierno y el Poder Judicial, así como los organismos protectores de derechos humanos, se la pasan en declaraciones y condenas por los asesinatos; sin embargo, en los hechos, poco hacen para esclarecerlos y castigarlos.

La presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Brenda Velázquez Valdez (PAN), exigió la inmediata actuación del gobierno federal ante los frecuentes delitos cometidos en contra de los comunicadores.

“Es inaceptable que, ante la creciente ola de homicidios contra informadores, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno permanezcan en la inacción, con la consecuente impunidad que únicamente favorece a los autores de estos crímenes”.

Lo que debería ser una prioridad del gobierno de la República y de los propios gobernadores, se delega en fiscales de medio pelo. No entienden que un asesinato de un periodista corta las alas de libertad y de desarrollo de una nación que pretende salir de un estado de barbarie y de ilegalidad.

Indefensos, solamente con el pensamiento, la palabra y la valentía, miles de periodistas cumplen con una fundamental tarea para México con sólo las armas que les da un código deontológico, que si bien es cierto los regula en su actuación, no les sirve para salvarse de morir en el cumplimiento de su deber.

Desde el sexenio de Vicente Fox se recrudecieron las agresiones a los informadores y en las dos administraciones posteriores, la de Calderón y de Peña Nieto, se incrementaron y así seguirá, por desgracia, en el siguiente sexenio, ya que ninguno de los candidatos presidenciales ha hecho una propuesta seria y articulada para terminar con este flagelo.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión lleva puntualmente el registro de los asesinatos; sin embargo, en los hechos de poco ha servido esta figura decorativa, que sólo se utiliza para evitar responsabilidades por omisión y negligencia de sus jefes, de los procuradores de justicia de los estados y, claro, de la propia República.

¿Qué demonios puede hacer un burócrata que encara el reto de ser fiscal sin los recursos humanos, materiales y presupuestales, y muchas veces sin tener idea sobre el sentido y esclarecimiento de un asesinato?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.