Eliminación del fuero, avance democrático
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Eliminación del fuero, avance democrático

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Eliminación del fuero, avance democrático

10/09/2018

En las últimas cuatro legislaturas ha surgido la inquietud por la eliminación del fuero; sin embargo, fue hasta la LXIII que se dio un paso significativo con la aprobación del dictamen respectivo, impulsado por la fracción priista, en la Cámara de Diputados para ser turnada a la colegisladora para su discusión y aprobación, hecho que no sucedió y ahora está en la congeladora legislativa.

Ya en la LXIV Morena, a través del diputado Pablo Gómez, presentó otra iniciativa sobre el tema y ésta seguramente será aprobada por ambas cámaras, por la mayoría calificada que ya tiene ese partido en comunión con sus aliados políticos.

Más allá de ponderar cuál de las dos propuestas es mejor, está el hecho de que por fin terminará esa ominosa protección que en su momento era indispensable para asegurar que el trabajo, principalmente de los legisladores, llegara a buen término, superando amenazas, incluso de privación de la libertad.

Claro, en el fondo se busca con el fuero mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos.

El denominado fuero es utilizado para los representantes populares, quienes antes de ser juzgados por causa penal tienen que ser sujetos a un juicio de procedencia; de esto hay casos recientes, como el de la chapodiputada Lucero Sánchez.

En cualquiera de los casos, más allá de las disposiciones legales, se debe fomentar en el cumplimiento de las responsabilidades y tareas encomendadas a los servidores públicos protegidos por el fuero, una cultura de la legalidad y apego a la ley.

La iniciativa del grupo parlamentario de Morena para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la República, presenta como modalidad establecer la inmunidad constitucional, debido a que ésta es un mecanismo para garantizar el funcionamiento de los Poderes.

El diputado Pablo Gómez planteó la reforma y adiciones a los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución, la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

Apuntó que el fuero es un privilegio del que se dotó a los titulares de los poderes públicos, y es considerado por una mayoría nacional, sin duda alguna, como “un privilegio indebido e innecesario”. Es urgente ubicar a los servidores públicos en igualdad respecto a los ciudadanos y luchar contra los privilegios del poder, poner a los poderosos “bajo el escrutinio público y el imperio de la ley”, controlarlos y vigilarlos para reestablecer el Estado democrático de derecho.

La iniciativa refiere en el artículo 61, que el presidente o presidenta de cada cámara velará por el respeto de “la inmunidad” constitucional de los integrantes de la misma y por la inviolabilidad del recinto parlamentario.

Propone que en los casos en que el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, le comunique a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad del sentenciado, a partir de lo cual cesarían sus funciones y quedaría a disposición de la autoridad correspondiente. Pablo Gómez subraya que el presidente de la República goza de inmunidad y, por lo que a éste toca, se aplica la misma norma y procedimiento, pero para el retiro de dicha inmunidad y el cese de sus funciones se requiere la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de presentes en el Senado.

Buen inicio de la LXIV Legislatura con la eliminación del fuero, que todavía le falta para su aprobación un largo camino, no exento de algunos intentos para sabotearla. Hacemos votos porque no se vaya a partidizar en su aplicación y, sobre todo, que no se trate de un mecanismo legal para cobrar facturas pendientes o incentivar la venganza.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.