Drogas ilícitas, a discusión nacional
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Drogas ilícitas, a discusión nacional

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Drogas ilícitas, a discusión nacional

10/10/2018

La discusión sobre la legalización o regulación de la mariguana y la amapola, una con fines medicinales y recreativos y la otra con propósitos exclusivamente medicinales, va y viene conforme a los pronunciamientos, principalmente de funcionarios públicos. Sin embargo, cuando la sociedad civil y por supuesto líderes de opinión de reconocido prestigio exigen definiciones, entonces se torna en un asunto serio que requiere atención inmediata.

Efectivamente ya dejó de ser un tema tabú la despenalización del consumo de ambas drogas ilícitas, para incorporarse a la discusión y a la atención del nuevo gobierno y por supuesto del Poder Legislativo.

El senador Ricardo Monreal ha ponderado las implicaciones legales de la regulación del cannabis y opiáceos a tal nivel que está convencido de incorporar el tema a la agenda legislativa de su bancada, la de Morena.

Monreal citó que para que la regulación rinda los frutos esperados (pacificación y seguridad), la propuesta debe ir acompañada de otras medidas. Por una parte, la justicia para las víctimas de la violencia y sus familias, que incluye comisiones de la verdad, tribunales especiales, medidas de no repetición y reparación del daño.

Hay innumerables mitos y paradigmas en torno a los daños que ocasiona la mariguana, pero lo que es indiscutible es que tanto el alcohol como el propio tabaco son más dañinos para la salud, de acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En los aspectos de salud pública, de consumo, de comercialización, educación y aspectos tributarios, hay múltiples aristas que deben ser consideradas en el debate, aunque el balance final arroja que hay más bondades que daños en su regulación.

En lo que se refiere a la amapola, baste decir que hay regiones del país en donde los cárteles de la droga han sentado sus reales sin que ninguna autoridad se atreva a molestarlos, y cuyos pobladores se encuentran asolados por los delincuentes, además, claro, por marginación y pobreza.

Cada año el país importa más de una tonelada de opio, cuando hacen falta, por lo menos, 12 toneladas para satisfacer la demanda de morfina de casi 40 millones de personas que requieren cuidados especiales y, sin embargo, en el territorio nacional se destruyen alrededor de 24 mil hectáreas de amapola que servirían para cubrir esa demanda y convertirse en exportador nato de ese producto.

En los estados de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán se da el cultivo de la amapola, y de la mariguana… pues hasta en el Periférico.

Llegó el momento de que se rompa el paradigma que existe en torno a estas dos drogas, y que se comiencen a dar los pasos necesarios para regular todo el ciclo de producción hasta la propia venta.

El Estado, como los campesinos y productores de la mariguana y amapola, se están privando de millonarios recursos que por el momento los manejan los criminales, bajo el imperio de las armas y de la sangre.

Claro, hay sectores de la población, los más conservadores, que aún se espantan por siquiera mencionar el tema y ni que decir de su eventual regulación; empero llegó el momento de avanzar, como se hizo en otros países.

La visión globalizadora que se ha dado en el caso de los tratados comerciales, se debe aplicar en el combate contra los grupos delincuenciales; y también por ello, México debe dar el paso histórico en la regulación de la mariguana y la amapola y marchar al ritmo que marcan otros gobiernos.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.