Bandera electoral, la corrupción
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Bandera electoral, la corrupción

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Bandera electoral, la corrupción

19/01/2018
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Corrupción. (Shutterstock)
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Las reacciones contra el precandidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, por haber hecho un llamado al Congreso de la Unión para que a la brevedad se nombren a los fiscales general y anticorrupción, así como a los magistrados en la materia y al titular de la Auditoría Superior de la Federación, son una muestra de la complejidad que adoptan los temas legislativos cuando éstos se mezclan con los temas políticos o electorales.

Quienes descalifican la propuesta de José Antonio, según se ve, o bien lo hacen por desconocimiento de la reforma constitucional que da forma al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), o porque de plano poco les interesa la erradicación del problema de la corrupción; y cuando en estos tiempos algunos políticos tocan el tema es porque forma parte de una bandera electoral.

No hay que olvidar que Ricardo Anaya, candidato presidencial de la alianza Por México al Frente, escogió el tema de la corrupción al arrancar su campaña y en sus primeros spots hace énfasis en ello, donde recalca que el PRI es sinónimo de corrupción. Sin embargo, en los hechos Anaya ha instruido a las bancadas del PAN, PRD y MC a que frenen los nombramientos de los fiscales, provocando con ello que todo el SNA se atore por los caprichos e intereses grupales y políticos.

Lo que propone Meade no debe verse como una ocurrencia surgida al calor de las precampañas, no, y ni siquiera debería de verse como una propuesta de partido alguno, ya que el tema tiene años en la agenda ciudadana, trinchera desde donde se sigue exigiendo la total implementación de todo el paquete de leyes que al respecto ha aprobado el Poder Legislativo y promulgado el Ejecutivo federal.

Al respecto, el diputado federal Marko Cortés, coordinador parlamentario de la bancada del PAN, con el argumento de que las autoridades del SNA no deben tener ningún vínculo partidista, dice que los partidos integrantes del Frente “no van a permitir fiscales ni titular de ASF a modo”.

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña (PRD) dice que los nombramientos aludidos deben hacerse hasta la siguiente Legislatura, ya que “habrá una recomposición de fuerzas políticas” y eso impediría una imposición con una mayoría simple, como la que ahora pretende realizar el PRI en la Cámara alta.

En contraparte, el presidente de la mesa directiva en la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, apunta que en el PRI no hay visiones ni de fiscales ni de magistrados 'a modo', y lo que sí hay es un interés de llegar a acuerdos alejados del proceso electoral; y destaca que es lamentable que las cuestiones políticas, o cálculos electorales, sean los motivos que están frenando esos nombramientos. Quienes se oponen
–dijo– “deberían tomarle la palabra a Meade y sentarnos a platicar para buscar acuerdos”.

Han pasado casi tres años desde que se publicó la reforma constitucional que creó el SNA, en mayo de 2015, y luego en periodo extraordinario de la LXII Legislatura se aprobaron siete paquetes de leyes secundarias. Sin embargo, es la hora en que ese sistema no acaba de aterrizar en su totalidad, lo cual no habla bien de nuestros legisladores.

Por lo pronto, en el marco de las precampañas electorales, uno de los precandidatos ha puesto el dedo en el reglón en el combate a la corrupción, y eso a todos debería darnos gusto y apoyarlo, porque en esta materia el tiempo apremia y no importa si un verde o descolorido es el promotor, lo que importa es dar certeza jurídica al SNA y que los corruptos sepan que contra ellos hay instituciones fuertes que no están dispuestas a permitir más casos de impunidad.

Hay que hacer memoria, el tema anticorrupción ha tenido intentos vanos de atención. Incluso con Miguel de la Madrid fue eje de campaña y gobierno. 30 años después la sociedad sigue demandando mejores resultados. Hoy, Ejecutivo federal, legisladores y organizaciones de la sociedad civil han dado un paso importante con la creación del SNA, y si la apuesta de algunos legisladores es por el lado de la política, dando solamente uso de bandera electoral al tema, pues entonces desde ahora podemos adelantar la muerte del andamiaje jurídico contra la corrupción.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.