Austeridad republicana
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Austeridad republicana

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Austeridad republicana

13/09/2018
Actualización 13/09/2018 - 11:28

Desde la campaña y ahora en el periodo de transición, hemos escuchado una retahíla de propuestas que, muchas de ellas, por irreales y absurdas, ya están quedando en el olvido, otras, como la construcción del Tren Maya o la consulta popular en torno al nuevo aeropuerto, suenan más a demagogia que a proyectos viables. Sin embargo, hay que reconocer que en torno a la austeridad se han empezado a tomar decisiones encomiables desde el Poder Legislativo.

En la Cámara de Diputados, a través del legislador de Morena Manuel Rodríguez González y suscrita también por el coordinador de ese partido, Mario Delgado, se presentó una iniciativa que expide la Ley de Austeridad Republicana, cuyo objetivo es aplicarla en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos de que dispone la nación, conforme el artículo 134 de la Constitución Política.

Reza el documento en cuestión que las disposiciones de este ordenamiento serían aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales. Los ahorros y economías obtenidos serían destinados a programas prioritarios de atención a la población y planes sociales con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación y demás leyes aplicables.

Destaca el punto relativo a restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia deberá establecer las reglas relativas al contenido y fines de la propaganda oficial.

También limita las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo federal, salvo por lo que toca al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En esta iniciativa se anuncia la reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos, misma que se afinará en una ley reglamentaria que establecerá las directrices enunciadas para el recorte.

Otro punto relevante es evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. De este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.

Y ante el reclamo generalizado de la sociedad por una restricción considerable en el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, el Legislativo lo observa en esta iniciativa, así como la limitación en el uso de vehículos propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.

Establece límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.

Seguramente esta iniciativa promovida por Morena se aprobará en el Pleno y no por la propia mayoría absoluta, que ya tiene esa fuerza política en San Lázaro, sino porque las otras fracciones políticas también están convencidas del recorte anunciado.

Es un hecho que se adicionarán otras propuestas de los diputados a esta propuesta de Morena, lo que fortalecerá esta primera piedra de todo el entramado legal que se construye en torno a la austeridad republicana.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.