Ya se aprobó en comisiones de Diputados el híbrido que representa el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de actualizar la estructura y funcionamiento del gobierno, así como crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y modificar el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Bienestar, entre otras adecuaciones.
Son múltiples los alcances del dictamen y tiene demasiadas aristas que merecen, por parte de los legisladores, un análisis mucho más profundo. En lo que corresponde a la seguridad pública y política social, se hicieron sobre las rodillas y sin las aportaciones de la sociedad civil, toda vez que, por ejemplo, no se tomaron en cuenta las conclusiones de los Foros de Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, así como las propuestas de los especialistas del conversatorio realizado por la Comisión de Gobernación y Población, quienes sugirieron atender el tema de la reinserción social.
Mientras que los diputados de Morena defendieron con todo el dictamen, los legisladores del PAN, como Adriana Dávila Fernández, advirtieron que el engendro aprobado va no sólo en contra de principios constitucionales, sino muestra desconocimiento de lo que es el trabajo en la administración pública. Señaló que nombrar como secretarios técnicos de los Consejos Estatales de Seguridad a los delegados, es uno de los errores más grandes que se pueden cometer. Además, "se estarán repartiendo programas en una estructura electoral que conlleva a la casi desaparición del Inegi y Coneval".
La mescolanza de funciones entre servidores públicos adscritos a la Secretaría del Bienestar, con atribuciones de la SSP, es inoperante.
El legislador blanquiazul Miguel Alonso Riggs Baeza pidió ser objetivo respecto a que un superdelegado no va a tener la capacidad de aterrizar programas sociales y, al mismo tiempo, participar en los Consejos Estatales de Seguridad. "¿Qué persona podrá llevar a cabo estas tareas, sin aprobar los controles de confianza?", cuestionó.
Lo frustrante es que no se plantea una estrategia en materia de seguridad ni una en desarrollo para el bienestar de la familia.
El diputado Jorge Luis Preciado (PAN) señaló que el sistema que se implementa para el próximo secretario de Seguridad, ya existía hace varios lustros, en donde se mezclaban las tareas de inteligencia del Cisen con actividades de seguridad pública; es decir, lo político con lo policial, "donde la policía no sólo perseguía el delito, sino también a los políticos que no coincidían con el sistema. Es exactamente el mismo diseño.
La prisa que tienen los morenistas por aprobar este dictamen y otros que les ordenó el presidente electo López Obrador, hace que todo sea producto de la improvisación y la ignorancia.
El dictamen carece de instrumentos que garanticen la gobernabilidad, eviten la duplicidad, tortuguismo, falta de eficacia y el impacto que esto tendrá en otras leyes y ordenamientos, y su repercusión presupuestal.
Esperemos que cuando se lleve al Pleno prevalezca la serenidad y cordura para que los señalamientos y reservas que han expresado los legisladores de otras fracciones diferentes a Morena, sean tomadas en cuenta, si no es así, le dejarán al próximo presidente un Frankenstein que no podrá enfrentar y resolver los problemas que asfixian al país, como la inseguridad pública o la marginación y la pobreza extrema.