Reforma fiscal y comercio externo
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Reforma fiscal y comercio externo

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Reforma fiscal y comercio externo

27/12/2017
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Si algo hay que reconocerle al actual gobierno de Estados Unidos es la persistencia para lograr sus objetivos económicos. Ha conseguido o está en camino de alcanzar casi todo lo que se propuso a principio de año. De eso, lo más relevante, por sus secuelas múltiples y duraderas, es la reforma fiscal. Tendrá repercusión más allá de sus fronteras, sobre todo en materia de inversión y comercio.

Bajo la divisa “America first” se ha ido transformando toda la política comercial, sin consideración por sus socios ni respeto a los acuerdos internacionales. Tanto en el discurso de Donald Trump en noviembre (en la reunión de la APEC en Vietnam), como en la intervención del representante comercial Robert Lighthizer en diciembre (en la conferencia de ministros de comercio de la Organización Mundial de Comercio en Argentina) se hicieron verdaderos actos de fe en el nacionalismo económico y se manifestó un categórico rechazo a los acuerdos multinacionales que se fueron construyendo en las últimas tres décadas. En los hechos, Washington presiona para eliminar las reglas que ya no le gustan y va a litigar incansablemente para impedir su aplicación. Tiene paralizado el Cuerpo de Apelaciones de la OMC, al negarse a nombrar nuevos jueces. En el extremo, denunciará los tratados y amenazará con salir de la OMC.

En ese contexto, la reforma fiscal recién aprobada está calculada para dificultar la entrada de productos y servicios extranjeros a su mercado y para repatriar capitales, empleos y funciones corporativas. Aunque no es seguro que eso beneficie a largo plazo a su economía, sí afectará, indudablemente, a la de otras naciones, especialmente a las que más comercian con ellos. A principio del mes, sabedores de que era inevitable que la reforma pasara por el Congreso, los ministros de Finanzas de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España le enviaron una carta al secretario del Tesoro, Mnuchin, señalándole el impacto negativo que tendrá en la economía mundial y advirtiéndole que se puede desatar un guerra comercial. Su esperanza es que las reglas que establezca el Tesoro para implementar las nuevas leyes fiscales, de alguna manera aminoren sus efectos.

MEDIDAS NO CONVENCIONALES
Lo que más preocupa son algunas disposiciones que contravienen las reglas de la OMC o los acuerdos vigentes. Por ejemplo, el impuesto especial sobre los pagos que hagan las compañías americanas cuando compran bienes y servicios de una subsidiaria o afiliada extranjera, a menos que esa subsidiaria elija tratar los pagos como ingreso en territorio estadounidense. Esto va contra lo acordado en la OMC de imponer tarifas sólo a bienes y servicios extranjeros y no a bienes y servicios extranjeros producidos domésticamente. Al asignarle gravámenes a las ganancias de compañías no residentes en Estados Unidos (EU), después de que ya pagaron impuestos por las mismas ganancias en su país, les está asestando una doble tributación. Téngase en cuenta que casi la mitad del intercambio trasatlántico es comercio intracompañías. Además de dañar los flujos genuinos de comercio e inversión entre EU y los demás países, esto deja indefensas a las compañías extranjeras. Es difícil que la OMC llegue a declarar que la tarifa es una barrera al comercio, porque la firma puede evitarla ya sea declarando la transacción entre compañías como ingreso efectivamente conectado (ECI) o comprando bienes y servicios similares a compañías no relacionadas.

Otra medida delicada es la llamada base erosion and anti-abuse tax (BEAT), que pretende combatir los esquemas contables por medio de los cuales las empresas mueven legalmente sus ganancias de donde las obtienen a jurisdicciones de baja tributación. Por ejemplo, hay corporaciones que ponen su sede formal en un paraíso fiscal y le asignan toda su propiedad intelectual a esa sede. Establecen luego contratos que requieren que todas las subsidiarias extranjeras de la compañía paguen exorbitantes derechos por el uso del logo corporativo u otra propiedad intelectual. Esos derechos se ponen a una tasa que cancela los ingresos netos sujetos a impuesto de las subsidiarias, permitiendo que ya no paguen impuestos en los países en donde realmente producen y venden bienes y servicios. Este esquema de transferencia de ganancias erosiona la base fiscal de esas naciones.

El problema es que así también se le cargan impuestos a pagos normales o a actividades financieras requeridas por las regulaciones bancarias de EU.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.