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31/01/2018
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Dreamers
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El pasado jueves la Casa Blanca envió al Capitolio el documento titulado “Marco para la reforma de inmigración y la seguridad fronteriza”. Se sintetiza ahí lo que el gobierno pretende obtener en las negociaciones que se llevan a cabo para encontrarle una salida al problema de los dreamers (soñadores), es decir, de los niños y adolescentes que, llevados o enviados por sus padres, entraron ilegalmente a Estados Unidos y han permanecido allá por años. Muchos de ellos no recuerdan nada de sus países de origen, sólo hablan inglés y se sienten estadounidenses.

El presidente Barack Obama les dio una relativa protección, al posponer su deportación por períodos renovables de dos años. Fue la fórmula que encontró ante el bloqueo Republicano a sus iniciativas de ley y frente a la indignación pública que se levantó cuando empezó a expulsar niños no acompañados por adultos. El programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia) fue puesto en cuestión por los tribunales y el presidente Donald Trump lo revocó en septiembre. En consecuencia, el 5 de marzo empezarían a perder su protección aquellos a los que se les vaya venciendo la autorización. A partir de entonces podrían ser sacados del país los 690 mil que se acogieron a él y otro millón que no lo hicieron por temor a dar su dirección a las autoridades.

En abierto chantaje, Trump ha tomado como rehenes a los dreamers. A cambio de otorgarles la ciudadanía a los que cumplan ciertas condiciones (como estudiar o trabajar, no tener antecedentes penales) y sigan un proceso que puede durar hasta trece años, le solicita al Congreso financiamiento para reforzar la seguridad en la frontera y nuevas disposiciones para limitar los permisos de residencia y las posibilidades de naturalización para extranjeros. Pide que le autoricen hasta 18 mil millones de dólares para construir o reforzar 723 millas del muro fronterizo, así como para establecer nuevas garitas y centros de detención. Gestiona también recursos para contratar a más elementos de la Patrulla Fronteriza y a nuevos oficiales, fiscales y jueces migratorios.

NUEVAS REGLAS
Entre los cambios legales que trata de concretar, está la expulsión inmediata, sin seguir un juicio, de los que han excedido el tiempo de su visa; de los que reciban indebidamente beneficios de los programas sociales; de los que están en las cárceles o han sido acusados de algún crimen y de los que son sorprendidos tratando de cruzar la línea limítrofe, sin importar su nacionalidad. Reclama también que los solicitantes de asilo permanezcan detenidos mientras se resuelve su situación y anular la posibilidad de que personas con una green card o naturalizados patrocinen la entrada de integrantes de su familia diferentes al cónyuge y a los hijos menores. Esto para reducir la llamada “migración en cadena”, que asciende a más de trescientos mil extranjeros cada año.

Por último demanda que se elimine la rifa de visas “de diversidad”, en la que participan individuos de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos (mayormente africanos y asiáticos). En su lugar propone establecer un sistema basado en el mérito, que dé preferencia a las personas con alta calificación laboral.

Nada de esto es nuevo. Desde que anunció su candidatura Trump culpó a los migrantes, ilegales o no de arrebatar sus empleos a los estadounidenses. Los pintó como elementos corrosivos para las comunidades y como una grave amenaza para la seguridad nacional.

Apenas llegado a Washington prohibió la entrada de ciudadanos de países con población mayoritariamente musulmana y amenazó con retirarle los fondos federales a las ciudades que no cooperaran con las autoridades migratorias. Subsecuentemente, redujo el número de asilados y no renovó el programa de refugio humanitario temporal a más de 300 mil personas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Lo que ahora se pone sobre la mesa es parte de los diez puntos sobre política migratoria que presentó en Phoenix, Arizona, la noche del 31 de agosto de 2016, apenas unas horas después de conversar en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. Al concluir su primer año de gobierno, a pesar de la oposición en el Congreso, de la objeción de las cortes, de la resistencia de los gobiernos estatales y del rechazo de la opinión pública, Trump ha avanzado consistentemente en el cumplimiento de aquel decálogo.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.